Cuando hay derecho a demandar al Estado?

Cuando hay derecho a demandar al Estado?

En noticias muchas veces leemos que x o y demandaron al Estado, al municipio, al departamento, al ejército, etc, etc… Pero, cuando realmente hay motivos suficientes para que esas demandas prosperen y se conviertan en dinero para el demandante?

Demandar es un derecho, cuando se ha sufrido un daño por culpa de las entidades públicas o sus funcionarios.

El artículo 90 de la Constitución Política determina que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños que cause, como causa de acciones u omisiones. El artículo 90 constitucional dice:

«ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas».

Como y cuando se produce el daño antijurídico

El daño en este caso se produce por cualquier:

  • Accion, como el despido de un trabajador.
  • Omisión. Por ejemplo la falta de reparación de una calle, de instalación de señalización, de arreglo de cables, la ausencia de previsión de accidentes o fenómenos catastróficos, etc.
  • Operación administrativa. Un arreglo en la calle; la instalación de unos postes; la pavimentación de una vía, la implementación del acueducto, etc.
  • Acto administrativo. Es la declaración de la voluntad del Estado. Se expresa en circulares, memorandos, resoluciones, acuerdos, ordenanzas y comunicaciones que provienen del Estado o de particulares que ejercen funciones públicas.
  • Hecho administrativo. Son circunstancias que no tienen que ver con la voluntad de la administración, como un accidente de tránsito donde esté involucrado un vehículo del Estado, municipio, departamento o entidad pública.

Sin embargo, es necesario que la acción u omisión de la administración tenga como consecuencia el daño antijurídico (que va en contra de los derechos de una o unas personas).

Ejemplos de daños antijurídicos comunes:

  1. El accidente de tránsito causado por un hueco en la vía, por falta de señalización o iluminación, que causa daños materiales (a los vehículos o cosas) o que causa daños a las personas.
  2. Los contratos de prestación de servicios donde realmente la persona es contratada para trabajar como un empleado, para no pagarle las prestaciones a las que tiene derecho. (ver: https://www.losabogadosasesores.com/como-diferenciar-un-contrato-de-servicios-de-uno-laboral/)
  3. Haber estado privado de la libertad injustamente.
  4. El empleado público al que no se le pagan oportuna y cumplidamente sus prestaciones sociales como salud, pensión o cesantías.
  5. La invasión de tierras o predios por parte de las entidades públicas.
  6. Los incendios, derrumbes y desastres causados por el desinterés o negligencia por parte del Estado, municipio, departamento o entidad pública.
  7. El despido de un empleado público sin el cumplimiento de los requisitos legales.
  8. El homicidio o lesiones personales graves causadas a un servidor público en cumplimiento de su deber, como los policías y soldados;  los miembros de las corporaciones públicas, los servidores de la justicia, maestros, etc. El Estado debe proporcionarles seguridad en el cumplimiento de sus funciones.

Estos son solo ejemplos, pero en general se trata de cualquier falla en la prestación de los servicios que presta o debe prestar el Estado, que conduce a un daño a una persona o sus bienes.

La demanda que se debe interponer en estos casos es la de reparación directa y busca que al afectado o afectados, se les indemnice por haber sufrido un daño injusto por parte del Estado o sus entidades y/o agentes. Porque la funcion del Estado es precisamente velar porque se garanticen y respeten los derechos de los ciudadanos.

A cuanto se puede aspirar como indemnización?

Cuando se demanda, se pide la indemnización, que para cada caso y persona es totalmente diferente. Deben cuantificarse aspectos como los daños materiales, el lucro cesante, el daño emergente, las afectaciones a la vida en relación, el daño moral, etc. Como se dijo, cada caso es diferente.

Actualmente adelantamos demandas donde se aspira como indemnización a 50 millones de pesos y otras donde pretendemos seis mil millones, todas con muy altas posibilidades de éxito.

 

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