Abogado Alexander Gonzalez.
ABOGADO PENALISTA EN VILLAVICENCIO
Abogado penalista en Villavicencio. Consulta Gratis.

ABOGADO PENALISTA EN VILLAVICENCIO

Abogado penalista en Villavicencio. La prescripción se refiere a la pérdida o ganancia de un derecho por el simple paso del tiempo. En materia penal, el paso del tiempo otorga al condenado, el derecho a que ya no se le castigue, a la vez que extingue para el Estado, como representante de la sociedad, el derecho a castigar por la comisión de delitos. Pero debe solicitarse.

ABOGADO PENALISTA EN VILLAVICENCIO. DIFERENCIAS ENTRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL:

El Estado (Fiscalía), tiene un plazo determinado en la ley para iniciar el proceso penal. Si no lo hace o si lo continúa de manera tan lenta que supera el tiempo máximo de la condena, extingue a favor del implicado el derecho sancionatorio. (Ver https://www.losabogadosasesores.com/derecho-penal-planear-la-defensa/)

Ejemplos: El día 11 de junio de 2005, alguien denunció a Pepe Cortisona, por el presunto delito de hurto. La fiscalía nunca inició una investigación. Supongamos que la pena máxima para ese delito en esa fecha, era de 9 años o 108 meses de prisión. Pero la Fiscalía quiere ahora, en el año 2018, iniciar la investigación.

Resulta improcedente, por cuanto al no haberse iniciado la acción penal dentro de los nueve años siguientes a la comisión del hecho, se configura la extinción de la acción penal por prescripción, por lo que ya no es posible jurídicamente iniciarla.

Otro ejemplo: Al mismo Pepe Cortisona, del caso anterior, el día 20 de abril de 2007 la fiscalía le formula imputación. Se interrumpió el término prescriptivo y comenzó a correr por un período de 4,5 años. La fiscalía hoy, 11 años después, pretende formular acusación. Igualmente resulta improcedente por haberse extinguido la acción penal por prescripción.

Aunque la prescripción de la acción penal opera de facto, es decir de manera automática, en muchas ocasiones es necesario solicitarla o alegarla.

PRESCRIPCIÓN DE LA PENA

Otra cosa es la prescripción de la sanción penal. En este caso, se refiere a que la persona ya fue juzgada y CONDENADA, pero la pena, por cualquier razón, no pudo ser ejecutada, no se cumplió. Ejemplos:

Pepe Cortisona SI fue juzgado por el hurto y resultó condenado a 6 años de prisión el día 10 de junio de 2007. Sin embargo a Pepe nunca lo capturaron. En este año 2018 aún Pepe tiene orden de captura vigente, pero puede solicitar la extinción de la sanción penal por prescripción. Ello se entiende de la lectura del artículo 89 del código penal, que al tenor dispone:

ARTICULO 89. TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA SANCION PENAL. <Artículo modificado por el artículo 99 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia.

La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años.

Esto no es absoluto, requiere, sin discusión, que no se haya interrumpido de ninguna forma el plazo. Es decir que quien ha sido condenado, pero de alguna forma estuvo capturado por esa condena, debe contar el tiempo desde el momento en que finalizó esa captura. Por ejemplo: Pepe fue condenado a 6 años el día 10 de julio de 2007, el día 04 de agosto de 2011 fue capturado y de alguna forma dejado en libertad el día 20 de agosto de 2011, eso quiere decir que debe contar para la prescripción, desde ese día y no desde el momento en que la condena quedó en firme.

igualmente debe entenderse que las penas inferiores a 5 años, tienen como término mínimo 5 años. Es decir que una pena de 3 años no prescribe en ese plazo, sino en 5 años, por eso puedes consultarnos, Abogado penalista en Villavicencio. Consulta Gratis.

También debe tenerse claro que el simple paso del tiempo no es suficiente para que opere la prescripción en materia de la sanción penal: debe SOLICITARSE, por que es un derecho que se invoca o al que se renuncia.

(Ver: https://www.losabogadosasesores.com/antecedentes-penales-que-son-y-sus-consecuencias/)

MODELO SOLICITUD EXTINCIÓN DE LA PENA

Cuando una persona es condenada y nunca puede ser capturada, al terminar el tiempo de la condena, puede solicitar al juez de ejecución de penas que lleva el caso, que declare extinguida la pena.

Este modelo ha sido elaborado por abogados expertos, en desarrollo de casos reales. Es un modelo exitoso, que ha sido aprobado en diversos casos similares. Sólo se requiere diligenciar los espacios en blanco y llevarlo, junto con los anexos, al juzgado de ejecución de penas que lleva el caso.

 

Elementos del peculado.
ELEMENTOS ESENCIALES DEL PECULADO

ELEMENTOS ESENCIALES DEL PECULADO

Como primera medida, debemos definir qué es «peculado» y aclarar que solo nos referiremos al peculado por apropiación, el mas común y complejo de todos, ya que el código penal tiene varios tipos de peculado. Es por ello importante analizar los elementos esenciales del peculado.

Según el diccionario de la RAE, el peculado es un delito que consiste en el hurto de caudales del erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración.

El peculado es, de todos los ilicitos contra la aadministración pública,  el delito más investigado y cuestionado.

Cuando se analiza un delito, deben analizarse los elementos objetivos y subjetivos que componen la norma, así lo haremos en este caso.

TIPO OBJETIVO

BIEN JURIDICAMENTE TUTELADO

Cuando hablamos del bien juridicamente tutelado, queremos referirnos al bien protegido, en este caso se protege a la correcta administración pública, de las acciones u omisiones que puedan cometer los servidores públicos.

Por disposición del artículo 20 del código penal, son servidores públicos, todos aquellos vinculados al estado por una relación laboral, reglamentaria, de elección popular y los contratistas.

Es decir que este catálogo comprende los trabajadores oficiales, los miembros de la fuerza pública, miembros de corporaciones públicas, trabajadores del banco de la republica, personal de carrera, temporal, etc.

De esta forma también se sanciona el daño moral que el sujeto activo hace al patrimonio público; se castiga el daño moral, además de la apropiación del dinero publico.

SUJETO ACTIVO

Entonces, en primera instancia, identificamos que se trata de un sujeto activo calificado, porque no cualquiera puede ser servidor público.

En este caso además, debe tenerse presente que los servidores públicos tienen el deber constitucional de cumplir la ley y hacerla cumplir, para el caso, proteger la administración pública, además de no abusar de su poder, ese poder que le ha sido confiado para administrar bienes públicos.

Pero hay una condición especial: Que el servidor público esté relacionado con el objeto estatal, con los recursos públicos, en razón o con ocasión de sus funciones.

Por ejemplo: El tesorero, el ordenador del gasto,  el secretario de la dependencia y el contratista que realizaron un contrato, lo pagaron y nunca se recibió el bien o servicio.

En un caso como esos, la conducta (peculado) tendría otros ingredientes o componentes, porque para realizar el peculado, necesariamente se incurre en una coautoría, porque varias personas participan del ilícito; pero además hay documentos que contienen falsedades (Falsedad en documento público) y posiblemente se genere un fraude procesal.

SUJETO PASIVO

El sujeto pasivo, es decir el afectado, es el Estado; la sociedad entera, porque con el peculado se desvían unos recursos que debían utilizarse para el beneficio colectivo, pero se trasladaron al patrimonio personal del servidor o servidores que se apropiaron del dinero que les había sido confiado con ocasión de sus funciones.

DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PUBLICOS

Es necesario que exista en el funcionario la disposición de los bienes. Por ejemplo, los funcionarios responden por los bienes que les han sido asignados para ejercer el cargo: computadores, vehículos y otros similares.

Y se requiere esa posibilidad de disposición, frente a las funciones del sujeto activo. Supongamos que un secretario de despacho, se apropia del computador de otro secretario de despacho. No podría el sujeto activo ser sancionado por peculado, sino por un hurto calificado, porque el computador del otro secretario no estaba bajo su dominio.

La disposición de los bienes puede ser jurídica o material, pero en todo caso, funcional, es decir que, en cualquier caso, el sujeto activo puede disponer de los bienes, sea porque le fueron confiados fisica o jurídicamente, por ejemplo por una resolución o por un acto jurídico.

Pongamos tres ejemplos para comprender este punto:

a. El propietario de un parqueadero delegado por el consejo seccional de la judicatura para guardar vehículos embargados, que se apropia de los vehículos dados en custodia, incurre en peculado.

Pero si el parqueadero no tiene la habilitación del Consejo, el propietario del parqueadero podría incurrir en otro delito, como un abuso de confianza calificado.

b. El ordenador del gasto realiza un contrato para la construcción de una vía. Otorga al contratista un anticipo, pero el contratista incumple. En ese caso, el contratista incurriría en un peculado por apropiación, seguramente al ordenador del gasto y al tesorero los vincularán a la investigación, pero puede ser que los funcionarios públicos, desde la etapa precontractual tomaron precauciones frente a ese riesgo, y en la etapa contractual, realizaron todas las actuaciones que tenían a su alcance para evitar el perjuicio, caso en el cual los funcionarios podrían ser desvinculados o investigados por peculado culposo.

c. Un secuestre recibe unos muebles y se pierden durante su encargo. En este caso, el secuestre responderá por peculado por apropiación. Pero si el secuestre los ha dejado al cuidado de un depositario y fue allí donde se extravió, el secuestre podría ser absuelto, mientras que el depositario respondería por un abuso de confianza calificado.

En los dos casos anteriores, esa absolución puede intentarse mediante un interrogatorio de indiciado, junto con los documentos que soportan o justifican las actuaciones. Dependiendo de la etapa procesal, esos elementos materiales probatorios se aportan a la fiscalía o se incorporan en audiencia preparatoria, por ello la importancia de planear la defensa.

FUNCION ESPECÍFICA

El ordenador del gasto siempre responde o debe ser llamado a responder, conforme a su posición de garante. Otra cosa es la forma en que se vincula o el delito que se le puede imputar, recordando que existe la acción y la omisión.

El tesorero de una entidad tiene a su cargo el cuidado de los dineros públicos, de forma específica; el ordenador del gasto en forma genérica.

La imputación del delito de peculado por apropiación de los recursos públicos, en este caso (Tesorero y ordenador del gasto), se puede hacer al tesorero, si en abuso de sus funciones se apodera de los recursos que le han sido confiados.

En cambio, al ordenador del gasto, que tiene la función genérica, se le imputa el delito de peculado culposo, porque era su deber velar por el patrimonio de la entidad.  Sin embargo, si el tesorero actuó por su propia cuenta y/o con engaños al ordenador del gasto, este último no tiene responsabilidad y no podría imputarsele ningun delito.

Por ejemplo, un asistente de recepción, al irse todos los funcionarios de la entidad, entra al despacho del ordenador del gasto y se lleva para su casa los computadores que encontró. Esta acción configura un peculado? La respuesta es no. No porque el asistente no tiene a su cargo los equipos del despacho, ni le han sido entregados de ninguna manera, por lo que estaríamos ante un hurto agravado por la confianza.

ELEMENTOS SUBJETIVOS

Analizados los aspectos OBJETIVOS, ahora debemos analizar los aspectos subjetivos, el elemento subjetivo de la norma.

Es objetivo lo que no requiere mayor anális; no tiene que ver con la voluntad de quien realiza la acción. Simplemente es o no es. Por ejemplo: Se es o no es servidor público; se tiene o no se tiene la relación funcional con los bienes.

Pero el elemento subjetivo requiere un análisis de la intención del agente.

El delito de peculado por apropiación, tiene varios componentes normativos, verbos que describen los requisitos subjetivos de la conducta, para que sea delito.

Obsérvese el contenido del artículo 397 del código penal colombiano, que al tenor dispone:

«El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión (…)».

Se observan varias verbos y sustantivos que configuran el elemento subjetivo de la conducta:

  • Apropiar, que quiere decir tomar para si una cosa, haciendose dueño de ella.

Conforme a lo que hemos visto hasta ahora, esto quiere decir que el sujeto activo se hace dueño de cosa ajena, que le ha sido confiada en razón de sus funciones.

  • En provecho suyo o de un tercero.

No basta con que se apropie de las cosas, se requiere que el sujeto las haga suyas en su propio beneficio o provecho; o que por su gestión ese beneficio se traslade a un tercero.

Es importante este punto, porque si el beneficio es para la misma entidad, no estaríamos ante un peculado por apropiación, sino ante otro delito, un peculado por destinación oficial diferente, por ejemplo.

  • De bienes del Estado, de empresas o instituciones en que este tenga parte, de bienes o fondos particulares.

Debe tenerse presente, porque aunque el bien se encuentre en las dependencias, pero si los bienes no son del Estado, ni le han sido confiados, entonces también la acción podría configurar otro tipo penal.

Unejemplo podría ser, que en una dependencia, estando de visita, a un ciudadano se le ha quedado su computador portátil y un funcionario de la entidad lo toma para si, se apropia del equipo. El tipo penal no podría ser un peculado, pese a haber sido cometido por un funcionario público, en una entidad pública.

La misma situación se daría si al funcionario el ciudadano le deja su equipo a guardar temporalmente, y el funcionario se lo ha apropiado, tampoco habría un peculado.

Alexander Gonzalez y Abogados Asociados – Expertos en Derecho Penal.

 

 

 

Abogado penalista en VIllaviceencio
Formas de terminar un proceso penal

Formas de terminar un proceso penal

Las consultas que nos realizan diariamente incluyen diversas preguntas sobre las formas en que se puede terminar un proceso penal.

Existen varias formas de terminar un proceso penal, no necesariamente el juicio es la más aconsejable, aunque en ocasiones se torna necesario hacerlo.

Ir a Juicio 

La más común de las formas de terminar un proceso penal, es el juicio. Sin embargo, no siempre es conveniente y no siempre es posible hacerlo de otra manera. Es por ello que vale la pena planear la defensa, de forma adecuada.

El juicio es la forma normal de terminación del proceso penal. Se surte durante las diferentes etapas del proceso, que se inicia con la denuncia o informe, continúa con la indagación, luego la investigación y por último el juicio propiamente dicho.

Para llegar al juicio, se desarrollan diferentes audiencias:

  1. Formulación de imputación
  2. Traslado y oralización de la acusación
  3. Preparatoria
  4. Juicio

Preacuerdos

Los preacuerdos son negociaciones jurídicas, por medio de las cuales, la fiscalía y la defensa deciden no ir a juicio, con el ánimo de obtener un UNICO beneficio a favor del implicado.

Este. beneficio puede ser una rebaja de la pena, la forma en que ha de purgarse esa condena, la mutación del delito endilgado siempre que sea coherente con los hechos, o la aplicación de alguna circunstancia especial a favor del procesado.

Aplicación del principio de oportunidad

El principio de oportunidad es otra de las formas de terminar un proceso penal, pero en esta circunstancia, el implicado no será condenado, sino que será objeto de un «perdón», condicionado al cumplimiento de algunos requisitos, que pueden ser de colaboración, resarcimiento o indemnización por el daño causado.

Mediación

En muchas ocasiones el fiscal que tiene el caso se rehusa a preacordar o aplicar principio de oportunidad aún cuando la víctima está de acuerdo y puede ser resarcida. Entonces conviene analizar la posibilidad de acudir al mecanismo de la mediación, que permite igualmente la obtención de algunos beneficios a favor del implicado, de este mecanismo se puede conocer más en el artículo 522 y siguientes del código de procedimiento penal, y en la cartilla huellas, de la fiscalía general de la nación, numero 73 de 2011.

Conciliación

En algunos delitos menores, la conciliación permite, por si sola, el archivo del proceso o la preclusión, según la etapa en que se encuentra. En otros casos, la conciliación permite la aplicación del principio de oportunidad, preacuerdos o mediación.

Preclusión

Es una forma de terminar el proceso penal, por alguna de las causales contempladas en el artículo 332 del código de procedimiento penal.

Entre otras cosas se prevé la inexistencia del hecho investigado, la imposibilidad de continuar con la acción penal, la existencia de una forma de exoneración de la responsabilidad en el hecho investigado, etc.

La preclusión hace tránsito a cosa juzgada, permite levantar las medidas cautelares impuestas y la cancelación de los registros obtenidos de forma irregular.

Estas son las formas actuales que permiten terminar los procesos penales.

Audiencias preliminares

Ahora bien, dentro del proceso, existen audiencias que no son propiamente del juicio, llamadas preliminares, encaminadas a causar efecto en las demás diligencias, a incidir de alguna manera en el proceso y que se adelantan ante un juez de control de garantías.

Hay diferentes clases de audiencias preliminares. Las más conocidas son las iniciales, referentes a la legalización de captura, legalización de elementos incautados, formulación de imputación y petición de medidas de aseguramiento.

Pero son variados los objetivos de esas audiencias, entre ellas tenemos las busquedas selectivas en bases de datos (Que tienen control previo y control posterior), desarchivo, solicitud de suspensión de registros obtenidos fraudulentamente, controles previo y posterior a los allanamientos, entrega provisional de vehículo, etc. Son muchas las clases de estas audiencias que se realizan dentro del mismo proceso principal.

 

Alexander Gonzalez y Abogados Asociados S.A.S. Abogados en Villavicencio.

 

Sobre el delito de violencia intrafamiliar
Sobre el delito de violencia intrafamiliar

Sobre el delito de violencia intrafamiliar

¿Qué es el delito de violencia intrafamiliar?

Un delito es una descripción que hace la ley sobre una actividad humana, que está prohibida y en consecuencia tiene una sanción penal.

La violencia intrafamiliar es un delito que tiene como descripción, el maltrato psicológico o físico a cualquier integrante de la familia, así lo dispone el artículo 229 del código penal.

¿Como se incurre en el delito de violencia intrafamiliar?

En la práctica, la comisión del delito se hace de fomras muy sencillas y en muchos de los casos, el agresor no tiene consciencia plena del riesgo jurídico en que incurre, desconoce que su actuar puede llevarlo a la cárcel.

Existen tres variantes de la agresión: física, que va desde los «jalones y estrujones», hasta los golpes. Cualquier forma que implique amenaza, intimidación, lesion o sometimiento a la persona, es considera como violencia física.

El maltrato psicológico tiene dos formas: verbal (las agresiones permanentes mediante palabras vulgares y ofensivas en un entorno de discusiones, es decir que no se hacen en broma).

La otra forma es propiamente psicológica, de forma reiterada, con el fin de humillar, torturar, intimidar o dismunir a la víctima. Palabras como tonta, idiota, buena para nada, etc, que se hacen de forma reiterada, son agresiones psicológicas.

¿Como se inicia el proceso penal por violencia intrafamiliar?

Tratándose de violencia física, la víctima acude a la fiscalía a interponer una DENUNCIA, allá la remiten a valoración de medicina legal.

La fiscalía puede llamar al (la) denunciante para ampliar la denuncia, para que explique con mas detalles lo ocurrido, por ejemplo: si la agresión ha sido frecuente o se han presentado episodios anteriores;  que la víctima cuente si ha presentado quejas en la comisaría de familia, si hay testigos, etc.

La fiscalía continúa con algunas averiguaciones más, encaminadas a probar la ocurrencia de los hechos y si encuentra mérito, va a formular acusación.

Desarrollo del proceso penal por violencia intrafamiliar

Cuando la fiscalía encuentra suficientes elementos de prueba, elabora un escrito de acusación, para presentarlo en un proceso penal abreviado, conforme a lo dispuesto en los artículos 534 y siguientes del código de procedimiento penal.

El agresor es convocado para que se notifique de la existencia del proceso, el escrito de acusación y las pruebas que existen en su contra, para que decida si desea o no aceptar los cargos.

Normalmente, es mala idea aceptar los cargos, porque el artículo 68A  determina que gran parte del tiempo de condena, ha de pagarse en una cárcel, siendo que existen otras formas mas adecuadas y menos graves para terminar el proceso, por ejemplo la aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos.

¿Cuales son las consecuencias de incurrir en el delito de violencia intrafamiliar?

El artículo 229 del código penal dispone que, la pena mínima por incurrir en este delito es de 4 años de prisión, pero tiene agraventes que pueden complicar mucho más la pena.

Lo más grave de este delito es que NO es excarcelable, es decir que si la persona es condenada, deberá pagar gran parte de la condena en una CARCEL.

¿Qué pasa si la víctima quiere desistir?

El delito de violencia intrafamiliar no es desistible, una vez presentada la denuncia y recaudadas las pruebas, la fiscalía continuará con el procedimiento penal, aunque la víctima no quiera.

Y si ya no somos pareja cuando se presentó el hecho, ¿Sique siendo violencia intrafamiliar?

SI. El delito se comete aún cuando ya no se conviva en ese nucleo familiar, llámense exparejas, hijos que no conviven ya con los padres,  etc.

Derechos de las víctimas

Además de todos los derechos de las víctimas consagrados en el artículo 11 del código de procedimiento penal, la víctima de violencia intrafamiliar, una vez formulada la acusación, o desde antes cuando el agresor desea obtener beneficios, tiene derecho a:

  1. Ser indemnizada;
  2. Obtener disculpa pública;
  3. Se garantice la NO repetición de los hechos.

 

 

Planear la defensa en derecho penal
Derecho penal: Planear la defensa

PLANIFICAR LA DEFENSA Y SER ACTIVO

Lo que se pone en juego en un proceso penal es la LIBERTAD, uno de los dos bienes más preciados del ser humano.

La dignidad y el buen nombre también están de por medio. Asuntos de mucha importancia como para dejarlos al azar.

«Esperar los resultados o esperar ´a ver si la Fiscalía comete un error´, como única estrategia de defensa, es como enfermarse y esperar a ver si el mal se cura solo».

Únicamente es recomendable esa estrategia, cuando esperar y asumir defensa pasiva sean el resultado de un análisis juicioso del proceso. (Ver: https://www.losabogadosasesores.com/derecho-penal-fue-sin-querer-queriendo/)

ENTONCES, ¿QUÉ HACER?

Cuando hay una denuncia, el denunciado desde el momento que conoce la situación tiene derecho a ejercer su defensa. Para ello, lo recomendado es:

  1. Entrevistarse con el abogado, darle a conocer la mayor cantidad de datos e información que tenga.
  2. Enunciar al abogado los documentos, testigos y demás elementos que puedan servir como defensa.
  3. Con esa información, el abogado debe plantear una hipótesis, una teoría que puede encaminarse, puede ser hacia la inocencia: por ausencia de responsabilidad, por existencia de algún exculpante, por atipicidad o por inexistencia del hecho; si los hechos y pruebas son contundentes, entonces puede encaminarse la hipótesis a procurar la aceptación, un principio de oportunidad o un preacuerdo.

Si se pretende demostrar la inocencia o la existencia de algún eximente de responsabilidad, debe desarrollarse un programa metodológico, tendiente a obtener legalmente la evidencia que permita demostrarlo. En el mismo sentido debe obrarse si se pretende demostrar alguna circunstancia particular que favorezca para aplicar un principio de oportunidad o un preacuerdo.

Igualmente pueden combinarse hipotesis, de manera que una sea principal, que si no prospera, la segunda opción sea posible. Por ejemplo: puede plantearse la existencia de elementos exculpantes, como teoría principal, pero se puede alternar con una atipicidad. Es al juez a quien debe tratar de convencer o en su defecto, que la duda sea lo suficiente como para que deba el juez declarar absolución. En materia penal, toda duda se resuelve a favor del implicado.

Las evidencias deben ser recolectadas de manera correcta, por medio de investigadores y peritos idóneos. El propósito de esas evidencias es probar la teoría de la defensa o contradecir la de la Fiscalía.

ESTAR ATENTO EN TODO EL TRÁMITE DEL PROCESO PENAL

Importante recordar el camino que sigue una investigación penal:

Denuncia             >               indagación preliminar             >                Investigación formal             >             Juicio

Es posible que los hechos se esclarescan desde el mismo momento de la denuncia, de manera que puede ser que a las etapas posteriores no sea necesario llegar, obteniendo tranquilidad desde el comienzo.

¿CONCILIAR CON LA VÍCTIMA?

La indemnización a la víctima debe hacerse atendiendo la hipótesis planteada por la defensa; puede ser causal de terminación del proceso (artículo 522 del Código de Procedimiento Penal), pero la indemnización debe ser fruto de la planeación de la defensa.

 

Alexander González y Abogados Asociados S.A.S. Abogados en Villavicencio 3102224231 – [email protected] Abogados en Bogotá y Abogados en Villavicencio, Meta. Servicios a nivel nacional.

 

Fuentes:  Normatividad Alcaldía de Bogotá

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787      

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6389

 

TIPS SOBRE LA LIBERTAD CONDICIONAL
TIPS SOBRE LIBERTAD CONDICIONAL

Aquí encontraras unos interesantes tips sobre la libertad condicional.

La libertad condicional es un beneficio que describe plenamente el  artículo 64 del código penal colombiano, de la siguiente manera:

Artículo 64. Libertad condicional.  El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad, previa valoración de la gravedad de la conducta punible, cuando haya cumplido las dos terceras partes de la pena y su buena conducta durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena. En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa y de la reparación a la
víctima o se asegure el pago de ambas mediante garantía personal, prendaria, bancaria o mediante acuerdo de pago. El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como período de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto.

De la lectura de este artículo se puede definir con precisión de qué se trata y cuales son los requisitos para que el juez pueda concederla, veamos:

I. QUÉ ES LA LIBERTAD CONDICIONAL

Como bien se puede leer, se trata de un beneficio, es decir que el juez puede negarla o concederla, según la valoración de la conducta punible, es decir de un delito.

No es un derecho, como pudiera pensarse. La diferencia entre un beneficio y un derecho, es que el beneficio puede o no ser concedido, mientras que el derecho es exigible, inclusive por vía legal.

II. REQUISITOS PARA QUE EL JUEZ PUEDA CONCEDER EL BENEFICIO

El artículo 64 del código penal, dispone que, para que el juez pueda analizar el caso, independientemente de la decisión que tome, deben cumplirse algunos requisitos:

  1. Que el condenado haya cumplido las dos terceras partes de la pena;
  2. Que el condenado haya tenido buena conducta dentro del centro penitenciario;
  3. Que el condenado haya indemnizado (reparado) a la víctima;
  4. Que el condenado haya pagado la totalidad de la multa, si se impuso. Sin embargo, existen multas astronómicas que si el implicado no puede pagar, debe demostrarlo ante el juzgado para que pueda ser estudiada su solicitud.

III. FORMA PRÁCTICA PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

Ahora bien, en la práctica, esto quiere decir que si se cumple el tiempo exigido para otorgar el beneficio, y además, se ha mantenido un excelente comportamiento en el centro penitenciario, se puede aspirar a obtener al beneficio, para lo cual se debe proceder de la siguiente forma:

IV. SOLICITUD DEBIDAMENTE DILIGENCIADA

Este es el principal error que se comete cuando se presenta la solicitud, aunque parece simple, el contenido es muy riguroso en demostrar: a) el arraigo; b) la inexistencia de antecedentes durante los cinco años anteriores; c) el adecuado comportamiento dentro del penal, así como la constancia de buena conducta, la calificación de desempeño y la cartilla biográfica;  c) el cómputo del tiempo de condena en físico y redimido, y, d) Las constancias y evidencias que reflejen la imposibilidad de pagar la multa impuesta.

V. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

Como se dijo desde el principio, si la solicitud está debidamente diligenciada y se cumplen todos los demás requisitos, el juez de ejecución de penas la analizará, en caso favorable, el beneficiario tendrá las siguientes obligaciones, su incumplimiento podrá ocasionar la pérdida del beneficio, conforme disponen los artículos 65 y 66 del código penal:

1. Informar todo cambio de residencia.
2. Observar buena conducta.
3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo.
4. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento
de la sentencia, cuando fuere requerido para ello.
5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena.

Tal como se explicó anteriormente, el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, si alguna autoridad lo reporta, implica la revocación del beneficio.

Alexander González y Abogados Asociados S.A.S. Abogado en Villavicencio. 

 

Que es el fraude procesal
¿Qué es el fraude procesal?

¿Qué es el fraude procesal?

El código penal colombiano, ley 599 del año 2,000, dice lo siguiente:

El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE EL FRAUDE PROCESAL?

De acuerdo con la norma descrita, para incurrir en el delito de fraude procesal, se requiere:

  1. Utilizar un medio fraudulento, engañoso o errado en un proceso judicial o administrativo.
  2. Que con ese error se haya obtenido resolución o acto admiistrativo contrario a la ley.

Normalmente, el fraude procesal va ligado a otro delito, como el uso de documento falso o el falso testimonio, entre otros.

Es decir que lo usual es que a una persona que se investiga por fraude procesal, también se le impute el delito de uso de documento falso, falso testimonio o cualquiera otro cometido en el ilicito.

Quizás te interese: conocer las causales de ausencia de responsabilidad penal.

EJEMPLOS DEL FRAUDE PROCESAL

Para aclarar la forma en que se comete el delito de fraude procesal veamos algunos ejemplos:

Ejemplo A.

Una persona desea ser beneficiaria del programa de viviendas que promueve el municipio.

Para lograrlo, presenta un documento falso certificando que nunca ha sido beneficiario de un subsidio, la entidad no verifica que esa persona SI había sido beneficiaria y le otorga el subsidio.

La persona es adjudicataria de la vivienda, paga lo que le corresponde y se hace adjudicatario del inmueble.

Sin embargo, en algun control posterior, la entidad se percata que la persona mintió y que efectivamente SI había recibido un subsidio anteriormente.

La entidad presenta la denuncia a la fiscalía y se inicia el proceso por fraude procesal y uso de documento falso.

Posteriormente la persona fue condenada a pena principal de 6 años de prisión, más una multa de 300 salarios minimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para contratar con el Estado e inhabilitación de derechos, por el mismo término de la sentencia.

Ejemplo B.

Una entidad del Estado abre convocatoria para la selección de un contrato publico.

Entre los requisitos del pliego de condiciones, se encontraba la de acreditar la experiencia de 10 años en la prestación de esa clase de servicios, por un monto determinado.

El posible contratista le pidió a su primo, gerente de una importante y antigua empresa, que le certificara el cumplimiento del requisito, sin ser cierto.

Con esa certifiación, más el cumplimiento de los demás requisitos exigidos en el pliego, el interesado ganó el contrato.

Los demás participantes del proceso, inconformes, exigieron a la entidad que requiriera a la DIAN para que verificara la información.

La DIAN contestó, informando que de tal contrato no existe cruce de informaciones, y que el contratista seleccionado no reportó información de esos actos.

La fiscalía posteriormente inspeccionó la contabilidad del implicado, encontrando que no existían tales operaciones comerciales.

Finalmente se condenó al implicado a una pena de 7 años de prisión, mas una multa de 800 salarios mínimos y a la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sentencia.

Ejemplo C

Para obtener un título universitario, una persona contrató a un experto en sistemas que logró acceder de manera irregular a la base de datos de la institución de educación pública y alterar los datos de ella.

Con fundamento en ese historial académico, la universidad le otorgó el título que creyó correspondiente.

Un profesor se percató de lo sucedido e informó a las directivas que esa persona no podía haber obtenido el título, porque no había pasado su materia, esencial en la carrera.

La universidad hizo las revisiones del caso y concluyó que a su sistema ingresaron abusivamente y le modificaron los datos de esa persona.

Con fundamento en los informes de los ingenieros de sistemas de la universidad, y el título otorgado ilegalmente, se instauró la denuncia.

La fiscalía abrió la investigación y a los implicados les condenaron a 5 años de cárcel por acceso abusivo a sistema informático y por fraude procesal.

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

Obsérvese que en los casos descritos, de una u otra forma se indujo a un funcionario público a cometer un error.

Además, que en todos los casos siempre hubo presencia de, por lo menos, dos delitos.

Ese error inducido puede ser cometido por un un funcionario público de cualquier nivel o entidad, o por un servidor judicial, llámese juez o fiscal, policía o investigador, cualquiera de ellos EN EJERCICIO de sus funciones.

Obsérvese que en el fondo siempre hay un interés personal, en los ejemplos puestos, ese beneficio era directo, pero el beneficio también puede ser para un tercero.

El engaño también puede producirse para perjudicar a otro, no necesariamente para obtener beneficio, basta con inducir a error al servidor público para que se configure el delito.

PRESCRIPCIÓN DEL DELITO

El delito de fraude procesal tiene un márgen demasiado amplio de prescripción, porque esa irregularidad se mantiene mientras dure la consecuencia del mismo delito.

En el ejemplo del subsidio, el delito perdura mientras la casa continúe a nombre del implicado.

El del contrato, el delito se perpetuó desde que se obtuvo el contrato, hasta su liquidación.

Y el ejemplo de la persona unviersitaria, hace que la prescripción dure hasta que ya no exista el título universitario.

Una vez ocurrida la cesasión del efecto del delito, es que comienza a contarse el término de prescripción.

Dudas? Alexander Gonzalez y Abogados Asociados S.A.S. 310 222 4231

 

OBLIGACIONES, IMPEDIMENTOS Y CALIDADES
OBLIGACIONES, IMPEDIMENTOS Y CALIDADES DEL CONCILIADOR

OBLIGACIONES, IMPEDIMENTOS, LIMITACIONES Y CALIDADES DEL CONCILIADOR

CALIDADES

Comencemos por las calidades que se requieren para ser conciliador en derecho.

Son cuatro requisitos:

  1. Ser abogado en ejercicio;
  2. Estar capacitado en mecanismos alternativos de solucion de conflictos;
  3. Estar adscrito a un centro de conciliación habilitado por la autoridad competente;
  4. Que el conciliador se encuentre registrado en el SICAAC, del ministerio de Justicia, como conciliador adscrito al centro de conciliacion por el cual actúa.

OBLIGACIONES DEL CONCILIADOR

Según el artículo 8 de la ley 640 de 2001, destaca las siguientes obligaciones para los conciliadores:

1. Citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

En este aspecto, debe comprenderse que las citaciones deben realizarse de conformidad con la normatividad vigente y por los canales autorizados por la ley.

Hoy en día la notificación puede surtirse de conformidad con la ley 527 de 1999, circunstancia que se compagina con lo señalado en el decreto 806 de 2020.

Así las cosas, el conciliador puede utilizar el correo certificado, el correo electrónico, comunicación por whatsapp y en general cualquier medio que se considere idóneo y suficiente.

Lo recomendable es utilizar por lo menos dos canales de comunicación y procurar verificar que la persona recibió la citación.

2. Hacer concurrir a quienes, en su criterio, deban asistir a la audiencia.

En principio, a la audiencia deben concurrir solamente las partes; sin embargo, puede ser que en determinada circunstancia sea necesaria la presencia de alguna persona en particular, supongamos un profesional que rinde su concepto. Es deber del conciliador analizar las circunstancias en concreto.

3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación.

Hemos dicho que el conciliador debe explicar a los asistentes, no solameente los alcances y límites de la conciliación, sino verificar que el consentimiento de los acuerdos ha sido libre, voluntario y espontáneo, que no existe ningún tipo de constreñimiento, amenazas o circunstancias similares que puedan viciar el acuerdo.

Además, el conciliador es el moderador, de forma que debe fijar, desde el inicio de la audiencia, las reglas del juego.

4. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos tratados en la audiencia.

En algunas ocasiones las partes se limitan, en plena audiencia, a esperar que el conciliador resuelva el conflicto. A las partes les corresponde dar el primer paso, especialmente al convocante, que es quien debe tener una propuesta inicial de negociación.

Ante la propuesta del convocante, o del convocado, la otra parte debería realizar una contrapropuesta.

La conciliación debe ser dinámica y es función del conciliador ser activo en instar a las partes a que analicen las propuestas recibidas y reformular propuestas.

5. Formular propuestas de arreglo.

Supongamos que las partes se entraban en un asunto menor, frente al asunto en controversia, el conciliador debe ser un excelente comunicador que pueda transmitir opciones, alternativas.

Por ejemplo, la parte convocante pide inicialmente 100 y luego baja a 80, la parte convocada ofrece 60, argumenta que no tiene como dar los 80 que pide el convocante. El conciliador puede indagar las razones de su postura y conforme a ellas plantear una propuesta, por ejemplo, pagar los 6o de contado y 20 a plazo.

Dentro de esta obligación podríamos incluir que la audiencia debe realizarse de forma tal que las obligaciones adquiridas por las partes realmente sean claras, expresas y exigibles posteriormente.

6. Levantar el acta de la audiencia de conciliación.

Sobre el contenido del acta debe aclararse que debe ser muy clara en todos y cada uno de los aspectos que regula la ley 640 de 2001.

7. Registrar el acta de la audiencia de conciliación de conformidad con lo previsto en esta ley.

En el centro de conciliación debe quedar copia integral del acta, así como se sugiere que queden copias de los documentos que justificaron al conciliador impartir su aprobación al acuerdo.

Velar por que no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.

Hay cosas que no se pueden conciliar, por ejemplo, no se puede conciliar que uno de los padres de un menor queda excento del pago de alimentos, pueda que en la práctica así sea, pero jurídicamente no es posible dejar constancia de ello en un acta de conciliación.

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

La ley 640 de 2001, solamente habla de un impedimento: El conciliador no podrá representar a las partes en proceso judicial, o ser árbitro o asesor en cualquier proceso judicial, durante el siguiente año a la celebración de la conciliación.

Pero ese impedimento es futuro, sin embargo, por disposición del artículo decreto 1818 de 1998, para la diligencia, el conciliador está sujeto a las reglas de impedimentos y recusaciones a que hace referencia la norma procesal, es decir, el código general del proceso.

El conciliador que se encuentre incurso en una causal de impedimento, debe manifestarlo desde el momento mismo en que conoce el asunto, porque le es entregado en reparto.

Corresponde al director del centro de conciliación decidir sobre los impedimentos y recusaciones planteadas, estando también los centros de conciliación, sujetos a inspección y vigilancia.

Vale la pena traer a colación las causales que al respecto dispone el artículo 141 de la norma citada:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.

2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.

3. Ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.

4. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, curador, consejero o administrador de bienes de cualquiera de las partes.

5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios.

6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado.

7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación.

8. Haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal.

9. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

10. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, o primero de afinidad, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito, sociedad anónima o empresa de servicio público. 11. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en sociedad de personas.

12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo.

13. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las partes, antes de la iniciación del proceso.

14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar.

En todos estos casos, debe cambiarse la palabra JUEZ, por CONCILIADOR, y son esas mismas las causales de impedimento.

RECUSACIONES

Como consecuencia de lo anterior, los conciliadores también pueden ser sujetos de RECUSACIONES, circunstancia que la parte afectada puede invocar, bien sea al momento de la diligencia, antes de iniciar la sesión, o previamente por escrito.

LIMITACIONES

Los conciliadores en derecho de los centros de conciliación privados, no pueden conciliar:

  1. Asuntos laborales;
  2. Permisos de salida del país de menores de edad;
  3. Asuntos propios de la jurisdicción contencioso administrativa;
  4. El estado civil de las personas.

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En derecho penal: ¿Qué es la acusación?
En derecho penal: ¿Qué es la acusación?

Se escucha en las noticias que fulanito lo acusaron o lo van a acusar. Pero de qué se trata eso? ¿Es la misma audiencia de formulación de imputación?

En derecho penal: ¿Qué es la acusación?

La acusación es un acto formal, mediante la cual la fiscalía dice al que hasta ahora es imputado, que va a iniciar un juicio penal y que tiene unos hechos y unas pruebas para demostrar que una persona cometió un delito. Es la antesala del juicio.

La acusación tiene una característica y es que compromete a la fiscalía a formular acusación sólamente si tiene elementos probatorios suficientes para afirmar con probabilidad de verdad, que hubo un delito y que el acusado es quien lo cometió.

¿Qué componentes tiene la acusación?

La acusación tiene dos componentes

  1. El escrito de acusación, un documento que elabora la fiscalía, que contiene los hechos que va a llevar a juicio y las pruebas que pretenderá se hagan valer.

De ese documento y las pruebas, se entrega una copia a la defensa, para que lo analice y evalúe si es legal en su totalidad, verifique si se ajusta al procedimiento y en la respectiva audiencia, refute lo que considere necesario.

2. La audiencia de formulación de acusación, Dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación del escrito de acusación a la defensa,  el juez señala fecha para celebrar la audiencia.

¿Qué se hace en la audiencia de acusación?

En la audiencia de acusación, la fiscalía presenta al juez el escrito de acusación y las pruebas. En la misma diligencia se pueden proponer incidentes de nulidad, impedimentos o recusaciones. También la defensa puede realizar observaciones al escrito de acusación si lo considera necesario, o si no se cumplen los requisitos del documento. Las nulidades que no se planteen en ese momento, no pueden alegarse posteriormente.

En la diligencia se hace el reconocimiento de la víctima y si ha nombrado apoderado, el juez reconocerá personería jurídica al abogado.

Medidas de protección a víctimas y testigos

Si el juez encuentra que las víctimas o los testigos pueden estar en riesgo, puede tomar las medidas que considere necesarias para asegurar su protección.

Entre las medidas que puede determinar el juez, están el traslado y protección a testigos y víctimas, la medida de aseguramiento intramural o domiciliaria para el acusado.

 

¿A la acusación debe asistir el acusado?

A la acusación no necesariamente debe asistir el acusado, pero sí el defensor y la fiscalía. Pueden asistir el Ministerio Público y las vícitimas y/o sus representantes, pero la inasistencia de estos dos últimos no invalida la acción.

Sin embargo, el acusado en esta audiencia puede asistir y si lo desea, puede aceptar los cargos, obteniendo una rebaja en la pena que se impondrá si hace esa aceptación.

¿Y las víctimas?

En la audiencia se reconoce a los representantes de las víctimas la posibilidad de actuar en la audiencia preparatoria y en el juicio; también se reconoce a las víctimas su condicion.

¿El juez puede ordenar la captura del acusado si no se presenta?

Si el juez considera que el acusado es una amenaza para las víctimas o los testigos, puede ordenar las medidas que considere necesarias. Igualmente si se evidencia que el acusado no va a comparecer al juicio, es posible que se le decrete una medida preventiva, pero normalmente esto se hace antes de iniciar el proceso: antes de imputación, especialmente cuando se trata de:

  1. Delitos sexuales contra menores;
  2. Extorsión, lavado de activos y terrorismo;
  3. Delitos contra la administración pública.

¿Qué sigue luego de la audiencia de formulación de acusación?

Una vez concluida la audiencia de acusación, el juez fija audiencia para la celebración de la audiencia preparatoria.

Esa audiencia será la oportunidad para la defensa de presentar las pruebas contrarias a las de la fiscalia; puede solicitar testigos, peritajes, documentos y todo lo que el derecho permita como prueba que sea favorable al acusado.

Igualmente en esa audiencia puede solicitar que alguna(s) de la(s) prueba(s) presentada(s) por la Fiscalía, sean inadmitidas o excluidas.

Alexander Gonzalez y abogados asociados S.A.S. – Abogado en Villavicencio 3102224231

 

Fuente formal: Normatividad alcaldía de Bogotá – Ley 906 de 2004

Que son las audiencias concentradas
¿Qué son las audiencias concentradas?

Que son las audiencias concentradas

¿Qué son las audiencias concentradas?

Escuchamos que capturan a una persona y que lo llevan a las audiencias concentradas, pero ¿Qué son las audiencias concentradas?

Definición de las audiencias concentradas

Las audiencias concentradas son un formalismo propio del área penal, por medio de las cuales, se definen tres situaciones jurídicas sobre una persona.

Esas tres situaciones a definir son: la legalidad de la captura, formulación de imputación y la medida de aseguramiento.

La Legalización de captura por flagrancia

De las audiencias concentradas, la legalización de captura es la primera de ellas. Nos ocuparemos de la captura en flagrancia únicamente.

La audiencia tiene como propósito, que el juez verifique si la captura fue legal y que se hayan respetado los derechos del capturado y se cumplen los requisitos legales.

Cuales son los requisitos legales de la captura en flagrancia

  1. Que el capturado haya sido sorprendido y aprehendido durante la comisión del delito, o en cualquiera de las otras formas de flagrancia descritas en el artículo 301 del código de procedimiento penal.

2. Se requiere que el capturado haya sido puesto a disposición de la Fiscalía en el término de la distancia.

Ese requisito «término de la distancia», se refiere al tiempo razonable que tarda la autoridad para poner a disposición de la fiscalía el capturado.

Las demoras por parte de la autoridad para poner a disposición el capturado, pueden hacer que la captura sea declarada ilegal.

3. Es necesario que al capturado se le informe el motivo de su captura, en este caso: flagrancia.

4. Que al capturado se le hayan leído y respetado sus derechos (guardar silencio, contactar a alguien, contratar un abogado, recibir trato digno, etc).

5. Que el capturado haya firmado el acta de derechos del capturado y el acta de constancia de buen trato.

La  línea de tiempo de 36 horas, contadas desde el momento de la captura.

Existe una línea de tiempo, que debe ser narrada por la Fiscalía, verificada por la defensa y convalidada por el juez. En ese lapso, deben ocurrir varias cosas:

La policía, inmediatamente realiza la captura, debe informar a la fiscalía, ministerio público y defensoría del pueblo.

También se debieron verificar los derechos del capturado y dentro de esas 36 horas COMO MÁXIMO justificable, debe realizarse la primera de las audiencias (legalización de captura).

La vulneración o irregularidad en cualquiera de estos aspectos, de manera injustificada, puede ser alegada por la defensa para solicitar al juez que declare ilegal la captura.

El juez puede decidir que la captura es legal, la defensa puede apelar, pero mientras el juez superior decide, las cosas quedan así: legalizada la captura.

Pero, en cambio, si el juez decreta ilegal la captura y la fiscalía apela, el capturado podrá irse libre de manera inmediata o si lo prefiere, puede quedarse al resto de las diligencias.

En ese caso conviene que se revise la conveniencia de su permanencia en la sala, porque la tercera audiencia puede terminar en que el capturado quede preso.

La imputación

Definiendo que son las audiencias concentradas, encontramos la segunda audiencia, la IMPUTACIÓN, que se realiza de manera posterior a la solicitud de legalización de captura.

En esta audiencia, la fiscalía comunica al capturado que por los presuntos hechos delictivos, le va a investigar.

Se trata entonces de una audiencia de mera comunicación, contra las decisiones que se tomen no hay recursos.

Sin embargo, cabe resaltar, que los hechos deben adecuarse a los fundamentos jurídicos. La defensa debe analizar ese aspecto y, si lo encuentra conveniente, advertirlo a la Fiscalía.

Sobre los requisitos y aspectos formales de esta diligencia, ver artículo completo: https://www.losabogadosasesores.com/en-derecho-penal-que-es-la-imputacion/.

La solicitud de medida de aseguramiento

En esta audiencia, básicamente la fiscalía, si se cumplen los requisitos legales y constitucionales, pide al juez que el capturado sea privado de la libertad.

Existen dos maneras de privación de la libertad: intramural (cárcel), o prisión domiciliaria.

También hay otras formas de medidas preventivas, que no afectan la libertad del implicado, tales como las presentaciones personales y la prohibición de ir a determinados sitios, entre otras.

Fines constitucionales de la medida de aseguramiento

La medida de aseguramiento intramural, esta contemplada en el artículo 250, numeral 1 y tiene los siguientes fines:

a. Que se asegure la comparecencia del imputado al proceso penal;

b. La protección de la prueba y del proceso penal: que el implicado no pueda afectarles.

c. Busca que se proteja la sociedad y especialmente las víctimas.

Requisitos legales de la medida de aseguramiento

De las audiencias concentradas, quizás la más difícil para los abogados es esta, porque en ella debemos verificar cuidadosamente qué se cumplan los requisitos constitucionales Y LEGALES, de orden subjetivo y objetivo.

Requisitos subjetivos

Si hablamos de subjetividad, nos referimos a la interpretación, a los juicios de valor que cada quien puede realizar.

En este caso, el fiscal realiza unos juicios de valor, con fundamento en las disposiciones del artículo 308 del código de procedimiento penal.

El código prevé en los artículos 308 al 312, el desarrollo de esos fines constitucionales, y da parámetros al juez para verificar si se cumplen los requisitos, veamos:

  • Obstrucción a la justicia (protección de la prueba y del proceso penal)

En primer lugar encontramos la definición de obstrucción a la justicia en el artículo 309 del CPP. De esta forma tenemos que, deben existir motivos suficientes, probados, que permitan concluir que el imputado puede afectar las pruebas o el curso del proceso penal.

Por ejemplo, un imputado de delitos contra el sistema financiero, que es gerente de banco. Obviamente el juez puede considerar que es un peligro para la preservación de la prueba, por lo cual le convendría pedir una licencia, vacaciones o inclusive renunciar.

Otro ejemplo sería el de un imputado por delitos contra la administración de justicia, que continúa en su cargo, en ese caso también conviene analizar si es mejor alguna forma de retiro del cargo.

Los ejemplos son tantos como casos, incluye cuando el imputado tiene la capacidad o poder para persuadir testigos, peritos, ocultar las pruebas o impedir su recaudo.

  • Protección a la comunidad

Continuación de la actividad delictiva.

En este marco jurídico, la ley exige que se contemple si el implicado puede continuar con la actividad delictiva. Pero, ¿Cómo puede determinarlo?

Se evalúa la conducta anterior del implicado, su entorno social, cultural y económico. No se trata de una simple apreciación del fiscal, sino de la existencia de elementos que permitan inferir esa continuidad de la actividad delictiva.

Numero y calidad de delitos cometidos con el mismo hecho

También se contemplan el número de delitos que se imputan al implicado y la naturaleza de los mismos, recuérdese que, con un solo hecho se pueden cometer varios delitos.

Se revisa si el capturado está disfrutando de algún mecanismo sustituto de pena privativa de la libertad, excluyendo los delitos culposos.

Si el implicado está bajo ese supuesto, el abogado debe analizar cuidadosamente la forma en que ha de continuarse el proceso penal, porque el resultado de un proceso, puede influir en el otro, en lo que a medidas preventivas se refiere.

Lo mismo debe hacerse si el implicado tiene antecedentes penales.

Pertenencia a grupos de delincuencia organizada

Además de ello, el juez observa si el implicado pertenece a alguna clase de grupo de delincuencia organizada; corresponde al abogado controvertir las pruebas sobre tales afirmaciones.

El hecho de portar armas de fuego o blancas también lo observa el juez, es importante que se determine la capacidad letal del arma.

También vale la pena recordar, que por disposición del artículo 307 del código de procedimiento penal, las causales para imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser probadas por la Fiscalía.

De la misma manera, que es a a la Fiscalía a quien corresponde PROBAR, que las medidas no privativas son insuficientes.

FUNCIONES DEL ABOGADO

Son tres audiencias, en cada una de ellas el abogado tiene una función:

  1. Legalización de captura. EL abogado debe verificar que la captura se ha desarrollado de acuerdo con la ley, que los derechos del capturado se han respetado y que no ha sido menoscabada la dignidad del implicado.
  2. Formulación de imputación. Se trata de una simple comunicación que realiza la Fiscalía al implicado, por lo tanto el abogado debe procurar que esa comunicación y su contenido sean totalmente claros para el implicado.
  3. Medida de aseguramiento. El abogado debe procurar que la decisión del juez sea la que mejor se ajuste a las necesidades del implicado, de acuerdo a las posibilidades jurídicas del momento, que los documentos que soporten la petición sean completos y suficientes.

COSTOS DEL SERVICIO: $1.817.052, como simple acompañamiento a las audiencias, pero se recomienda que el servicio sea contratado para acompañar todo el proceso, a fin de desarrollar una ESTRATEGIA que conduzca al beneficio del implicado.

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