Abogado Alexander Gonzalez.
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INCONVENIENTES DE TENER UN CARRO A SU NOMBRE Y QUE NO ESTÁ EN SU PODER

  • Las fotomultas que se generen quedan a su nombre;
  • Los impuestos que no se paguen, siguen estando a su cargo;
  • En caso de accidentes, es posible que lo vinculen;
  • Si se cometen delitos con el vehículo, es posible que a Usted lo llamen a explicar.

 

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Elimina o disminuye los riesgos al momento de contratar personal para tu empresa, para lo cual te damos DOS  OPCIONES:

OPCION 1: HAZLO TU MISMO.

Careciendo de los recursos técnicos, como acceso a bases de datos privadas y de seguridad, puedes ser creativo y dentro de esas opciones, puedes:

  1. Realiza una entrevista personal que incluya pruebas subjetivas. Es decir, no te limites a preguntar y escuchar respuestas. Pon pequeñas «trampas», se creativo; la prueba subjetiva más conocida es dejar algo tirado a la entrada del lugar donde vas a realizar la entrevista. Si necesitas alguien atento, el candidato recogerá el objeto y te informará, tendrás un buen inicio.
  2. Consulta la página de la rama judicial consulta de procesos, para verificar por el nombre del candidato si tiene demandas o procesos judiciales. Una persona que lleva tiempo sin empleo, puede ser que adeude varias obligaciones y tenga demandas, pero verifica que no sea una persona irresponsable. Si no cumple sus deberes personales, mucho menos los que adquiere contigo.
  3. Investiga la página de antecedentes judiciales de la policía nacional con el numero de cedula del candidato.
  4. Investiga los antecedentes disciplinarios de los candidatos. No estás buscando antecedentes disciplinarios, sino condenas. Este recurso te permite conocer si el candidato tiene condenas en su contra, aunque no puedes saber si tiene investigaciones penales en curso.
  5. Revisa la página del SIMIT, para que verifiques la responsabilidad y acatamiento de las normas por parte del candidato, te dará una idea de la capacidad para acatar normas por parte del candidato.

CONTRATA NUESTROS SERVICIOS

  1. Análisis de antecedentes judiciales en profundidad.

Imagina contratar una persona que es investigada actualmente por delitos graves. ¿Llevarías como conductor de tu familia, a una persona investigada por secuestro, delitos sexuales o hurtos? ¿Lo contraarías, si supieras que un candidato a cajero de tu empresa tiene investigaciones por estafas, hurtos o abusos de confianza?

Realizamos análisis profundos de los antecedentes judiciales e investigaciones pendientes por parte del trabajador. Utilizamos para ello nuestros avanzados sistemas de búsqueda en las diferentes centrales de investigación.

2. Análisis de demandas judiciales

Por medio de nuestra investigación creamos un perfil psicológico de los candidatos, que te permite tomar decisiones acertadas.

Analizamos la existencia de demandas previas y actuales del trabajador, que confrontamos con la hoja de vida y nuestra psicóloga experta emitirá su concepto con fundamento en los hallazgos.

Para eso utilzamos nuestros conocimientos y experiencia en búsqueda de demandas judiciales. Cuando obtenemos los resultados los pasamos a nnuestra psicóloga para que realice las evaluaciones y emita su concepto.

3. Diagnóstico psicosocial de los candidatos.

Deja que nuestra psicóloga experta en la materia verifique cual o cuales de los candidatos entrevistados cumplen con el perfil básico de valores y aptitudes que requiere tu empresa, negocio o familia.

Nuestra psicóloga realiza un análisis psicométrico y psicosocial para evaluar las habilidades, capacidades, aptitudes y actitudes del candidato, para evaluar si conviene o no a tu empresa.

4. Verificación de la identidad de los candidatos

¿Sabias que existen cerca de 9500 personas en Colombia, que huyen de la justicia? Los abogados sabemos que gran parte de esas personas utilizan una identidad falsa. Te protegemos frente a ese riesgo.

Realizamos confrontacion con bases de datos de la registraduría, datacrédito, CIFIN, RUNT, y otras fuentes para validar que quien se presenta como candidato coincide con la identificación presentada.

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INSOLVENCIA PERSONA NATURAL P1 – DEFINICIONES

DEFINICIONES DENTRO DEL PROCESO DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE

Este minicurso de insolvencia de persona natural consta de varias partes. Antes de comenzar, es preciso recordar y/o aclarar algunos términos:

  • Acreedor. A quien se le debe dinero.
  • Persona natural. Somos los seres humanos.
  • Persona jurídica. Las empresas, el Estado, las fundaciones, corporaciones, etc.
  • Deudor. La persona que debe el dinero.
  • Restitucion de inmueble arrendado. Proceso judicial encaminado a que el arrendatario (inquilino), entregue el inmueble al arrendador del inmueble, por haber incumplido el contrato y/o deber cánones atrasados, servicios públicos o administración.
  • Embargo. Estado jurídico de los bienes, mediante el cual el propietario de un(os) bien(es), queda impedido para comercializarlo o disponer de él, circunstancia decretada por orden judicial o administrativa, para asegurar la satisfacción de una deuda, el pago de las costas judiciales o el pago de la responsabilidad derivada de un delito.
  • Secuestro. Luego del embargo, viene el secuestro, que es la acción de quitarle al propietario, el bien, para que se cumpla el propósito del embargo.
  • Negociación de deudas. Etapa del procedimiento de insolvencia que permite al deudor negociar con sus acreedores, para obtener descuentos o excención de gastos, intereses y costas de procesos.
  • Liquidación patrimonial. Etapa del proceso en que un juez civil municipal liquida el patrimonio del deudor, para entregarlo a los acreedores, conforme a las reglas de prelación de créditos y así dar por terminadas las obligaciones.
  • Prelación de créditos. Disposición legal que indica que en los procesos concursales existen categorías de acreedores; les otorga jerarquía, de forma que a los de las primeras clases se les paga primero y a los demás, si no alcanza, no se les podrá pagar.
  • Proceso concursal. Proceso judicial o administrativo mediante el cual concurren todos los acreedores del deudor, para hacer valer sus derechos y/o presentar sus acreencias.
  • Objeción u objeciones. Procedimiento que tiene un acreedor frente a otros acreedores para oponerse a la existencia total o parcial de esas obligaciones.
  • Liquidador. Es una persona designada por el juez para liquidar el patrimonio del deudor y asignarlo a los acreedores, conforme a las reglas de prelación de créditos.
  • Imposibilidad de proseguir los procesos. Cuando se liquida el patrimonio del deudor, independientemente sea mucho o poco, se entregan los bienes a los acreedores, conforme a la regla de prelación o categoría de créditos. Los acreedores, aunque no reciban nada, no pueden volver a iniciar procesos, ni continuar los cobros.
  • Suspensión de procesos. Una vez se inicia el trámite de negociación de deudas, se dispone que los procesos quedan suspendidos hasta que se resuelva si se cumple el acuerdo o se llega a liquidación.
  • Prohibición de realizar pagos a los acreedores. Cuando se llega a la liquidación del patriminio del deudor, el juez ordena al deudor que queda prohibido realizar pagos a cualquiera de los acreedores.

CATEGORÍAS DE CRÉDITOS

Todos los créditos que adquirimos están clasificados en clases, desde la clase 1 hasta la clase 5.

Se organizan de esa forma para ordenar a quienes se les paga primero, o eventualmente no se les paga, se atiende a unos primeros que a otros, según el derecho que la misma ley les otorga:

1. CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE O CATEGORÍA

Encabezando la lista de este grupo se encuentran las obligaciones alimentarias con menores de edad; con hijos mayores de 18 y menores de 25 que están estudiando y las de los padres a cargo del deudor.

Posteriormente se ubican las obligaciones laborales, es decir aquellas que se tienen con trabajadores o extrabajadores de cualquier clase.

Luego se encuentran las relativas a los impuestos, multas y tasas a favor del Estado en cualquiera de sus niveles, pueden ser impuestos con la DIAN, multas, deudas con la UGPP, impuestos de vehículos o inmuebles.

2. CREDITOS DE SEGUNDA CATEGORÍA

Para simplificar, llamemolos PRENDARIOS, a ellos se refiere la ley 1676 de 2015. Lo normal es que se trat de vehículos. Por ejemplo, una persona adquiere un automotor a crédito, ese crédito es privilegiado porque no se puede incluir como patrimonio del deudor, o si se hace, posteriormente será excluido, con la simple solicitud que haga al juez o conciliador, según el caso.

3. CRÉDITOS DE TERCERA CATEGORÍA

El artículo 2497 del código civil se refiere concretamente a las HIPOTECAS. Pero en la práctica, esas hipotecas deben haberse adquirido para la COMPRA DEL INMUEBLE o PARA SU REMODELACIÓN, para que puedan ser créditos privilegiados, así lo indica el artículo 2.2.4.4.9.4 del decreto 1069 de 2015.

Es decir que si una persona inicia un trámite de insolvencia y tiene alguna obligación hipotecaria contraida para obtener dinero para libre inversión, este crédito, aunque es de tercera categoría, puede ceder ante obligaciones de primera clase.

Por el contrario, si la deuda se adquirió para comprar o remodelar la vivienda, el crédito puede ser excluido de la masa patrimonial del deudor.

Es decir que si una persona debe iniciar el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante y tiene un o unos inmuebles hipotecados, debe analizarse la suerte que correrán dentro del proceso.

4. CUARTA CATEGORÍA

El artículo 2502 del código civil señala los créditos de cuarta categoría, así:

  1. Los del fisco contra los recaudadores, administradores y rematadores de rentas y bienes fiscales.
  2. Los de los establecimientos de caridad o de educación, costeados con fondos públicos y los del común de los corregimientos contra los recaudadores, administradores y rematadores de sus bienes y rentas.
  3. Los de los hijos de familia por los bienes de su propiedad que administra el padre sobre los bienes de éste.
  4. Los de las personas que están bajo tutela y curaduría, contra sus respectivos tutores o curadores.
  5. Numeral adicionado por el artículo 124 de la  Ley 1116 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Los de los proveedores de materias primas o insumos necesarios para la producción o transformación de bienes o para la prestación de servicios.

5. QUINTA CATEGORIA

Aquí se incluyen todos los demás créditos, por ejemplo créditos bancarios, préstamos personales, tarjetas de crédito, etc.

En otro artículo se profundizará en la clasificación de los créditos; se hizo referencia a ellos con el propósito de aclarar los términos, conocer su significado, porque cada uno de esas palabras se utilizará en artículos siguientes.

 

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CUANDO ES OBLIGATORIA LA CONCILIACION EN MATERIAS CIVIL Y COMERCIAL

La ley 640 de 2001, modificada por el código general del proceso, disponen que, por regla general, todos los procesos, antes de llegar a juicio, deben haber agotado el recurso de procedibilidad, es decir, de conciliación.

En general, se refiere la ley a todos los procesos donde los derechos de las partes aún son inciertos, procesos declarativos.

También se dice que son conciliables todos los asuntos que pueden ser objeto de transacción y desistimiento, así como aquellos que señale la ley.

EXCEPCIONES AL DEBER DE CONCILIAR PREVIAMENTE A INICIAR EL PROCESO

Al ser tan amplio el catálogo de obligatoriedad, es mejor referirse a las excepciones a la regla, a aquellas ocasiones en las cuales no es obligatorio intentar la conciliación, como requisito para demandar, veamos lo que al respecto dicta el código general del proceso:

  1. Cuando no se puede notificar a los demandados, porque se desconocen sus datos de ubicación, como celular, dirección, correo electrónico y/o datos de otros medios de comunicación, entiéndase redes sociales.
  2. Cuando se trata de procesos ejecutivos.
  3. Cuando se cita a personas emplazadas;
  4. Cuando la norma así lo dispone específicamente, por ejemplo en los procesos divisorios.

EFECTOS DE LA COMPARECENCIA DEL CONVOCADO

Si el convocado comparece, puede que haya acuerdo, lo cual sería genial, porque hasta ahí llega el conflicto.

Si el convocado comparece y no hay acuerdo, es necesario que el conciliador expida la constancia, para que se pueda iniciar el proceso judicial, igual sucede si el convocado no asiste.

EN MATERIA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

En materia de arrendamiento de inmuebles, el asunto es muy interesante, porque si el citado asiste a la reunión y se logra un acuerdo, el conciliador, mediante constancia y oficio, puede solicitar al juez que ordene a la policía hacer cumplir el acuerdo.

Supongamos que el arrendatario se compromete a entregar el inmueble en determinado tiempo y no lo hace.

En ese caso, el arrendador se dirige al centro de conciliación y solicita copia del acta y el oficio de solicitud de cumplimiento para llevarlo al juez civil municipal, reparto, a fin de que ordene a la policía RESTITUIR el inmueble arrendado.

Con este trámite se ha ahorrado un proceso de un año, aunque dicha sea la verdad, en todo caso el proceso iniciado a solicitud del conciliador, también ha de durar unos 4 o 5 meses, aunque es menos de la mitad de lo que duraría un proceso de restitución de inmueble arrendado.

Sin embargo, para que haya claridad y atendiendo una inquietud de un lector, esta condición aplica UNICAMENTE para INMUEBLES, no para bienes muebles.

PROCESOS QUE REQUIEREN CONCILIACION PREJUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL

Aunque, como se dijo anteriormente, son TODOS los procesos declarativos, EXCEPTO cuando se solicitan medidas cautelares, se emplaza a terceros o se desconoce el domicilio del demandado, podemos hacer un pequeño listado de esos procesos:

  1. Procesos monitorios;
  2. Resolución de compraventa;
  3. Declaración de pertenencia;
  4. Servidumbres;
  5. Procesos posesorios;
  6. Entrega de la cosa por el tradente al adquirente;
  7. Rendición provocada de cuentas;
  8. Rendición espontánea de cuentas;
  9. Pago por consignación;
  10. Impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios;
  11. Declaración de bienes vacantes y mostrencos;
  12. Restitución de inmueble arrendado;
  13. Lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales;
  14. Prestación, mejora y relevo de cauciones y garantías;
  15. Cancelación, reposición y reivindicación de títulos valores.

Es decir que, en cualquiera de estos procesos, si se incurre en una de las EXCEPCIONES, no es necesario acudir a la conciliación como requisito para demandar.

Pero vale la pena analizar que, para obviar el requisito, debe acontecer que: i) se desconoce el domicilio del demandado; ii) Es necesario emplazar a alguna(s) persona(s); o, iii) Se solicitan MEDIDAS CAUTELARES.

Para los dos primeros eventos, es necesario que realmente así sea, es decir que se necesita citar a terceros de los cuales no se sabe como ubicarlos, o que se desconoce el domicilio del demandado. Circunstancias no tan comunes como se puede pensar.

Imaginemos una servidumbre, por ejemplo, normalmente todos sabemos quienes son nuestros vecinos y fácilmente podemos ubicarlos, por documentos o por otros vecinos.

Por eso debe ser cierto lo que se indica en la demanda, porque el juez lo va a creer y en consecuencia activará el aparato judicial en defensa del demandante y en detrimento de los derechos del demandado.

De comprobarse que falsa la afirmación que debe realizarse en la demanda, sobre el desconocimiento del lugar de notificación del demandado, o de esos terceros, fácilmente se puede incurrir en el delito de  FRAUDE PROCESAL.

Esto sin contar con las consecuencias procesales de incoar una demanda en esas circunstancias.

Si se opta por la tercera opción, es decir, la de solicitar medidas cautelares, hay que alistar el bolsillo para pagar la caución que MUY SEGURAMENTE ordenará el juez, como lo ordena el numeral 2 del artículo 590 del CGP.

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COMPRENDER QUÉ SON LOS APOYOS EN LA LEY, ANTES DE ESTUDIAR LA CONCILIACION DE APOYOS

QUÉ SON LOS APOYOS

Los «apoyos», fueron creados por la ley 1996 de 2019. Son un conjuto de disposiciones jurídicas, familiares y sociales, que procuran preservar la voluntad, preferencias y necesidades de las personas en condición de discapacidad o con capacidad disminuida.

Se dirige e a personas de cualquier edad, incluyendo adultos mayores que presenten discapacidades de orden mental, o limitaciones que afecten su comprensión del mundo, en consecuencia, que reduzcan la comprensión de las consecuencias de sus actos.

El propósito de la ley es procurar que las personas con ciertas limitaciones físicas o mentales, continúen en ejercicio pleno de sus derechos y que continúen administrando sus bienes y recursos.

EN QUÉ CONSISTEN LOS APOYOS

Recordemos: se busca que la persona que requiere los apoyos continúe ejerciendo sus derechos y disfrutando sus bienes y recursos.

De esta forma, los apoyos pueden consistir, entre otros, en:

  • Que todo acto jurídico (Contratos, negocios, compromisos, obligaciones), requiere validación por parte de la persona encargada de prestar el apoyo.
  • La persona de apoyo puede ser designada para labores específicas a favor del apoyado: cobrar y/o administrar dineros, pagar obligaciones, servicios, cumplir compromisos, etc.
  • Se determina que el la persona de apoyo deberá acompañar al apoyado a determinados lugares.

COMO SE CONCRETAN LOS APOYOS

a. Por decisión judicial

Se realiza mediante demanda ante el juez de familia. Se trata de un proceso de jurisdicción voluntaria.

La demanda puede ser interpuesta por el titular del derecho, por regla general. Excepcionalmente puede ser presentada por un tercero que tenga interés legítimo en ello.

Sobre este particular no nos detendremos en este post, que se refiere a la conciliación de apoyos y no al trámite judicial.

b. Mediante acuerdo privado

El acuerdo puede ser suscrito por el titular del derecho y por la(s) persona(s) designada(s) como apoyo(s).

Se puede formalizar ante notario, por escritura pública o en centro de conciliación extrajudicial en derecho. No sobra decir que solo es aplicable bajo esta formalidad de conciliación en derecho, se excluye la conciliación en equidad.

LA CONCILIACIÓN DE APOYOS

Ahora si, con esta breve comprensión de los apoyos, tema que amerita un post independiente, podemos revisar lo concerniente al trámite de conciliación de apoyos.

LA SOLICITUD DE APOYOS Y EL TRÁMITE

La solicitud puede ser presentada por la persona que va a ser designada como apoyo, por el titular del derecho o en conjunto por las dos partes.

Una vez recibida la solicitud, el centro de conciliación procede a formalizarla. Si la recibió verbalmente, crea un formato o formulario para tal efecto, igual si la solicitud se recibió por escrito.

En cualquiera de los casos, el conciliador debe verificar que el tema es: i) Conciliable; ii) Que efectivamente se trata de un mecanismo de apoyos; iii) Que concurren las condiciones para realizar el trámite.

VERIFICACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL TITULAR DEL DERECHO

Evaluados los criterios descritos anteriormente, el conciliador debe verificar en reunión virtual o presencial, en su sede o «a domicilio», que el titular del derecho:

  1. Se encuentra interesado realmente en suscribir el acuerdo;
  2. Que no median engaños, presiones o amenazas para que firme el acuerdo;
  3. Que la persona designada como apoyo es la misma que ha de firmar el acuerdo.

Es importante que el conciliador VERIFIQUE estas circunstancias, por lo cual debe DEJAR CONSTANCIA en el acta del acuerdo.

Recuerde que el acuerdo formalizado, de alguna forma ha de limitar los derechos del titular que lo suscribe.

Igualmente el conciliador debe tener presente que su aprobación del acuerdo es vigilada por diferentes autoridades.

El conciliador responde también como abogado por el acuerdo logrado; el conciliador, de cierta forma es garante de la fe pública, así como transitoriamente se encuentra ejerciendo una función publica de administrar justicia, aspectos que le otorgan una connotación de especial cuidado.

En este orden de ideas, se sugiere utilizar, para la verificación de la voluntad del titular del derecho y para la posterior audiencia, medios tecnológicos, como grabación de video de lo ocurrido en la reunión, y dejar constancia de ello en el acta, así como proteger ese video y dejar copias para posteriores consultas.

LA AUDIENCIA Y EL ACTA

Como se indicó, se sugiere que la audiencia sea grabada en medio digital: audio y/o video, para posterior consulta.

En todo caso, la audiencia debe referirse a cada uno de estos puntos, mismos que deben quedar plasmados en el acta:

A. Ciudad y fecha de suscripción del acuerdo de apoyo.

B. Identificación de la persona con discapacidad titular del acto jurídico, del conciliador y de las demás personas que intervengan en el trámite.

C. Individualización de la o las personas naturales o jurídicas designadas como apoyo, y su relación de confianza con la persona titular del acto jurídico.

D. Circunstancias de lugar y fecha de realización de la audiencia privada y su resultado.

E. El acto o actos jurídicos para el cual se suscribe el acuerdo de apoyo.

F. La delimitación y alcance de las funciones del apoyo.

G. Las obligaciones que se derivan de la designación.

H. Las salvaguardas acordadas por las partes, si hay lugar a ellas.

I. La vigencia del acuerdo de apoyos o del apoyo establecido a través de la directiva anticipada, la que no podrá extenderse más allá del término establecido en la ley 1996 de 2019.

J. El medio a través del cual, de ser el caso, la persona de apoyo comunicará a la persona titular del acto jurídico, las circunstancias y su decisión de modificar o poner fin al acuerdo o a la directiva anticipada.

K. La firma de la persona titular del acto jurídico, la persona o personas de apoyo designadas, y el conciliador.

L. Cuando aplique, relación de los asistentes que fueron necesarios para facilitar la audiencia, como por ejemplo, intérpretes o traductores, con sus datos personales, generales de ley.

FIRMA DEL ACTA CUANDO LA AUDIENCIA ES VIRTUAL

La ley 1996 de 2019 hace referencia explícita a facilitar mecanismos de acercamiento a los usuarios para que puedan desarrollar el mecanismo. En el mismo sentido se dirigen el decreto 806 de 2020 y el artículo 103 del código general del proceso.

En ese orden de ideas la audiencia puede desarrollarse de forma virtual o presencial.

Las audiencias presenciales no tienen inconvenientes para la toma de las firmas, mientras que las virtuales ofrecen alguna clase de reto para tomarlas.

En ese caso es posible, de forma preferente, que el conciliador envíe a las partes el acta para que la firmen y luego lleven a notaría para reconocimiento de firma.

Si la persona con discapacidad resulta imposibilitado para asistir a una notaría, puede pedir que el servicio de reconocimiento de firma se preste a domicilio.

COMO SE MODIFICA Y/O REVOCA EL ACUERDO

Modificación

La modificación debe realizarse de la misma forma en que se hizo el acuerdo, es decir que el acuerdo modificado debe ser firmado por los mismos intervinientes; la audiencia igualmente puede ser virtual o presencial.

La revocación o terminacón 

El acuerdo puede ser revocado por cualquiera de las dos partes, previas formalidaddes descritas en la ley 1996 de 2019.

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MEDIDAS PROVISIONALES

En materia de protección a los menores y en general a las familias, existen algunas categorías de medidas de protección que pueden ser asumidas por el conciliador, según corresponda:

  • Los funcionarios del ICBF, los comisarios de familia, los procuradores y procuradoras delegadas en materia de familia y los jueces municipales, cuando se encuentren en diligencia de conciliación, pueden adoptar medidas provisionales.

Las medidas provisionales que pueden ordenar estos funcionarios, entre otras, son:

  1. Fijación provisional de cuota alimentaria;
  2. Temporalmente, hasta resolver el fondo del problema, la custodia y cuidado personal de los hijos;
  3. Toda clase de medidas de protección para la familia, como orden de alejamiento del hogar a los agresores.
  4. Retiro del menor de su hogar, para darlo al cuidado de un hogar de paso o de un tercero, con el fin de garantizar sus derechos.

Estas medidas son temporales, y para que se puedan perpetuar, requieren acción judicial por medio del juez de familia.

DECISIONES QUE PUEDEN ADOPTAR OTROS CONCILIADORES

Los conciliadores de centros de conciliación, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los personeros municipales y los notarios en ejercicio de la función de conciliación, podrán solicitar al juez de familia de su circuito, la toma de las medidas señaladas en el presente artículo.

Es decir que si un conciliador de un centro de conciliación privado, un personero o un notario se encuentra en una conciliación donde se evidencian afectaciones a los derechos de familia, puede correr traslado de la situación ante el juez de familia de su jurisdicción.

Sin embargo, al analizar el contenido de lo dispuesto en los artículos 6, 44 y 116 de la Constitución, se encuentra que, por lo menos en caso de afectaciones graves a los  derechos de los menores de edad, especialmente menores de 14 años, el conciliador, personero o juez municipal debe acudir a la policía de infancia y adolescencia inmediatamente para poner en conocimiento los hechos.

ASUNTOS QUE PUEDEN CONCILIARSE EN MATERIA DE FAMILIA

Esencialmente pueden conciliarse:

  1. Cuota de alimentos, custodia y visitas de menores de edad;
  2. Cuota de alimentos para mayores de edad;
  3.  Declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial.
  4. Rescisión de la partición en las sucesiones y en las liquidaciones de sociedad conyugal o de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
  5. Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales.
  6. Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre padres sobre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad.
  7. Separación de bienes y de cuerpos.

 

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CALIDADES

Comencemos por las calidades que se requieren para ser conciliador en derecho.

Son cuatro requisitos:

  1. Ser abogado en ejercicio;
  2. Estar capacitado en mecanismos alternativos de solucion de conflictos;
  3. Estar adscrito a un centro de conciliación habilitado por la autoridad competente;
  4. Que el conciliador se encuentre registrado en el SICAAC, del ministerio de Justicia, como conciliador adscrito al centro de conciliacion por el cual actúa.

OBLIGACIONES DEL CONCILIADOR

Según el artículo 8 de la ley 640 de 2001, destaca las siguientes obligaciones para los conciliadores:

1. Citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

En este aspecto, debe comprenderse que las citaciones deben realizarse de conformidad con la normatividad vigente y por los canales autorizados por la ley.

Hoy en día la notificación puede surtirse de conformidad con la ley 527 de 1999, circunstancia que se compagina con lo señalado en el decreto 806 de 2020.

Así las cosas, el conciliador puede utilizar el correo certificado, el correo electrónico, comunicación por whatsapp y en general cualquier medio que se considere idóneo y suficiente.

Lo recomendable es utilizar por lo menos dos canales de comunicación y procurar verificar que la persona recibió la citación.

2. Hacer concurrir a quienes, en su criterio, deban asistir a la audiencia.

En principio, a la audiencia deben concurrir solamente las partes; sin embargo, puede ser que en determinada circunstancia sea necesaria la presencia de alguna persona en particular, supongamos un profesional que rinde su concepto. Es deber del conciliador analizar las circunstancias en concreto.

3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación.

Hemos dicho que el conciliador debe explicar a los asistentes, no solameente los alcances y límites de la conciliación, sino verificar que el consentimiento de los acuerdos ha sido libre, voluntario y espontáneo, que no existe ningún tipo de constreñimiento, amenazas o circunstancias similares que puedan viciar el acuerdo.

Además, el conciliador es el moderador, de forma que debe fijar, desde el inicio de la audiencia, las reglas del juego.

4. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos tratados en la audiencia.

En algunas ocasiones las partes se limitan, en plena audiencia, a esperar que el conciliador resuelva el conflicto. A las partes les corresponde dar el primer paso, especialmente al convocante, que es quien debe tener una propuesta inicial de negociación.

Ante la propuesta del convocante, o del convocado, la otra parte debería realizar una contrapropuesta.

La conciliación debe ser dinámica y es función del conciliador ser activo en instar a las partes a que analicen las propuestas recibidas y reformular propuestas.

5. Formular propuestas de arreglo.

Supongamos que las partes se entraban en un asunto menor, frente al asunto en controversia, el conciliador debe ser un excelente comunicador que pueda transmitir opciones, alternativas.

Por ejemplo, la parte convocante pide inicialmente 100 y luego baja a 80, la parte convocada ofrece 60, argumenta que no tiene como dar los 80 que pide el convocante. El conciliador puede indagar las razones de su postura y conforme a ellas plantear una propuesta, por ejemplo, pagar los 6o de contado y 20 a plazo.

Dentro de esta obligación podríamos incluir que la audiencia debe realizarse de forma tal que las obligaciones adquiridas por las partes realmente sean claras, expresas y exigibles posteriormente.

6. Levantar el acta de la audiencia de conciliación.

Sobre el contenido del acta debe aclararse que debe ser muy clara en todos y cada uno de los aspectos que regula la ley 640 de 2001.

7. Registrar el acta de la audiencia de conciliación de conformidad con lo previsto en esta ley.

En el centro de conciliación debe quedar copia integral del acta, así como se sugiere que queden copias de los documentos que justificaron al conciliador impartir su aprobación al acuerdo.

Velar por que no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.

Hay cosas que no se pueden conciliar, por ejemplo, no se puede conciliar que uno de los padres de un menor queda excento del pago de alimentos, pueda que en la práctica así sea, pero jurídicamente no es posible dejar constancia de ello en un acta de conciliación.

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

La ley 640 de 2001, solamente habla de un impedimento: El conciliador no podrá representar a las partes en proceso judicial, o ser árbitro o asesor en cualquier proceso judicial, durante el siguiente año a la celebración de la conciliación.

Pero ese impedimento es futuro, sin embargo, por disposición del artículo decreto 1818 de 1998, para la diligencia, el conciliador está sujeto a las reglas de impedimentos y recusaciones a que hace referencia la norma procesal, es decir, el código general del proceso.

El conciliador que se encuentre incurso en una causal de impedimento, debe manifestarlo desde el momento mismo en que conoce el asunto, porque le es entregado en reparto.

Corresponde al director del centro de conciliación decidir sobre los impedimentos y recusaciones planteadas, estando también los centros de conciliación, sujetos a inspección y vigilancia.

Vale la pena traer a colación las causales que al respecto dispone el artículo 141 de la norma citada:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.

2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.

3. Ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.

4. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, curador, consejero o administrador de bienes de cualquiera de las partes.

5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios.

6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado.

7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación.

8. Haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal.

9. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

10. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, o primero de afinidad, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito, sociedad anónima o empresa de servicio público. 11. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en sociedad de personas.

12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo.

13. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las partes, antes de la iniciación del proceso.

14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar.

En todos estos casos, debe cambiarse la palabra JUEZ, por CONCILIADOR, y son esas mismas las causales de impedimento.

RECUSACIONES

Como consecuencia de lo anterior, los conciliadores también pueden ser sujetos de RECUSACIONES, circunstancia que la parte afectada puede invocar, bien sea al momento de la diligencia, antes de iniciar la sesión, o previamente por escrito.

LIMITACIONES

Los conciliadores en derecho de los centros de conciliación privados, no pueden conciliar:

  1. Asuntos laborales;
  2. Permisos de salida del país de menores de edad;
  3. Asuntos propios de la jurisdicción contencioso administrativa;
  4. El estado civil de las personas.

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Como indica la ley 640 de 2001, el acta de conciliación presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada; por esas razones, evidentemente el acta que resulta de un trato realizado, debe contener un mínimo de requisitos para que pueda llenar absolutamente los vacíos que permitan hacer de ese documento, una obligación clara, expresa y exigible.

  1. LUGAR, FECHA  Y HORA DE APERTURA Y CIERRE DE LA AUDIENCIA O DILIGENCIA

También se indica si la audiencia se realiza de forma virtual o presencial.

2. IDENTIFICACION PLENA DEL CONCILIADOR

Aunque el conciliador, como actúa en desarrollo de funciones de un centro de conciliación, basta con que indique su nombre completo, cedula y tarjeta profesional de abogado. (Debe ser abogado).

3. IDENOMINACIÓN DE LAS PARTES

Señalando en el acta las que comparecen, si lo hacen directamente o por medio de apoderado.

Se enuncian los participantes, con sus datos específicos: nombres y apellidos completos, numero y tipo de identificación, dirección, teléfono y correo electrónico.

Igual tratamiento para los apoderados, identificando en el acta, si hay apoderados, a quien representa cada uno.

4. RELACION BREVE DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA SOLICITUD

Se trata de una breve transcripción de las pretensiones de la solicitud.

5. EL ACUERDO LOGRADO

En el acta se especifican las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cumplirán las condiciones o arreglos a los que llegaron las partes.

En esto debe tratar el conciliador, ser muy preciso y puntual. Para lograrlo debe pensar en el desarrollo de la audiencia, como si estuviera realizando un contrato.

En ese orden de ideas, puede plantear preguntas a las partes para que aclaren cualquier inquietud, recuerdese que se trata de un documento que presta mérito ejecutivo.

EJEMPLO DE LA FORMA EN QUE DEBEN REDACTARSE LOS ACUERDOS

Supongamos el cumplimiento de un contrato de una compraventa de un inmueble. El contrato inicial contenía, o debía contener:

  1. La descripción plena del inmueble;
  2. La fecha y hora en que se firmaría la escritura;
  3. La notaría en que debía realizarse;
  4. La fecha y hora en que se hará entrega material del inmueble;
  5. El precio a pagar y la forma en que se haría efectivo el pago;
  6. Puede contener unas cláusulas penales, ¿que sucede si alguno incumple?

En ese orden de ideas, si se espera que el acta preste mérito ejecutivo, debe contener los mismos elementos.

Pero el acta es el RESUMEN de lo acontecido en la audiencia, de suerte que esas expresiones DEBEN QUEDAR CLARAS en el acta, para que PRESTE MÉRITO EJECUTIVO.

Supongamos el mismo caso de cumplimiento de un contrato. En la conciliación se dijo que una de las partes debe entregar el inmueble, pero no se dijo cuando debe hacerlo…

O supongamos que no se dijo la fecha, hora y notaría en que se firmará la escritura; tampoco se dijo nada sobre las consecuencias de incumplir el acuerdo….

En cualquiera de esos casos, pedir a un juez que haga cumplir el acuerdo puede resultar muy complicado, y recuérdese que el proceso original ya no puede iniciarse, porque existe acuerdo conciliatorio.

Es la importancia de realizar adecuadamente la diligencia, para que el acta resultante pueda ser exigida.

Otro ejemplo. Una conciliacion en materia de alimentos, lo más común. Debe quedar claro el monto de la cuota, la forma en que se incrementa anualmente, el lugar y forma en que se pagará la obligación, y porqué no plantearse el cobro de unos intereses de mora, en caso de incumplimientos.

Obsérvese que lo que queda en el acta es lo mismo que podrá ser demandado ante el juez, por eso la importancia de la claridad en la diligencia y la congruencia con el acta.

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Tanto la ley 640 de 2001, como la ley 906 de 2004, disponen que los delitos querellables admiten conciliación como mecanismo para terminar un proceso penal.

Igualmente, la conciliación toma vital importancia como medio para realizar la reparación del daño con miras a obtener beneficios por preacuerdos o aplicación del principio de oportunidad, como veremos más adelante.

DELITOS QUERELLABLES

Como el artículo 522 de la ley 906 de 2004 dispone que los delitos QUERELLABLES admiten conciliacion y dice que es un requisito para continuar con el proceso penal, lo que sigue es definir cuales son los delitos querellables y cual es el procedimiento para que la conciliación opere con fuerza vinculante para terminar el proceso penal.

DEFINICION DE QUERELLA

Según Wikipedia, la querella es una forma de iniciación de un proceso penal. También puede definirse cono el conflicto juridico que existe entre dos o más personas.

Como quiera que sea, en la legislación colombiana existe una distinción entre los delitos que requieren querella y los que no.

Querella también se le llama en Colombia a la acción a que tiene derecho una persona en el marco de la acción policiva, por ejemplo, por la ocupación ilegal de un inmueble (Perturbación de la posesión).

Pero para el tema que nos ocupa, podemos decir entonces que la querella, en la normatividad penal colombiana, es la legitimación: la capacidad jurídica que tiene una persona para denunciar un hecho.

De esta forma, por ejemplo, las lesiones personales requieren querella, es decir que solamente el afectado puede instaurar la demanda.

Supongamos las lesiones personales: alguien que vió el hecho puede decir que va a denunciar, pero su denuncia NO será procesada, porque el denunciante carece de legitimidad para interponerla. No puede denunciar porque no es la víctima.

DELITOS QUERELLABLES

La ley nos ha dado un catálogo de delitos que requieren esa calidad de QUERELLANTE LEGÍTIMO, circunstancia descrita en el artículo 74, de la siguiente manera:

Artículo 74. Para iniciar la acción penal será necesario querella en las siguientes conductas punibles:

1. Aquellas que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa de la libertad, con excepción de: Ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas (C. P. artículo 193); Divulgación y empleo de documentos reservados (C. P. artículo 194); Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto (C. P. artículo 416); Revelación de secreto (C. P. artículo 418); Utilizacióa secreto o reserva (C. P. artículo 419); Utilización indebida de información oficial privilegiada (C. P. artículo 420); Asesoramiento y otras actuaciones ilegales (C. P. artículo 421); Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública (C. P. artículo 431); Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública (C. P. artículo 432).

2. Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 107); lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta (60) días (C. P. artículo 112 incisos 1o y 2o); lesiones personales con deformidad física transitoria (C. P. artículo 113 inciso 1o); lesiones personales con perturbación funcional transitoria (C. P. artículo 114 inciso 1o); parto o aborto preterintencional (C. P artículo 118); lesiones personales culposas (C. P. artículo 120); omisión de socorro (C. P. artículo 131); violación a la libertad religiosa (C. P. artículo 201); injuria (C. P. artículo 220); calumnia (C. P. artículo 221); injuria y calumnia indirecta (C. P. artículo 222); injuria por vías de hecho (C. P. artículo 226); injurias recíprocas (C. P. artículo 227); maltrato mediante restricción a la libertad física (C. P. artículo 230); malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C. P. artículo 236); hurto simple cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 239 inciso 2o); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C. P. artículo 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 246 inciso 3o); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de confianza (C. P. artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C. P. artículo 252); alzamiento de bienes (C. P. artículo 253); disposición de bien propio gravado con prenda* (C. P. artículo 255); defraudación de fluidos (C. P. artículo 256); acceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones (C. P. artículo 257); malversación y dilapidación de bienes (C. P. artículo 259); usurpación de tierras (C. P. artículo 261); usurpación de aguas (C. P. artículo 262); invasión de tierras o edificios (C. P. artículo 263); perturbación de la posesión sobre inmuebles (C. P. artículo 264); daño en bien ajeno (C. P. artículo 265); usura y recargo de ventas a plazo (C. P. artículo 305); falsa autoacusación (C. P. artículo 437); infidelidad a los deberes profesionales (C. P. artículo 445); Violación de los derechos de reunión y asociación (C. P. artículo 200).

PARÁGRAFO. No será necesario querella para iniciar la acción penal respecto de casos de flagrancia o en los cuales el sujeto pasivo sea menor de edad, inimputable o se refieran a presuntas conductas punibles de violencia contra la mujer.

POSIBILIDAD DE TERMINACIÓN DEL PROCESO PENAL QUERELLABLE

Esto quiere decir que una amplia gama de delitos se encuentran engrosando los archivos de jueces y fiscales, procesos que podrían ser terminados mediante conciliación, como dispone el artículo 522 de la ley 906 de 2004.

Obviamente la conciliación en materia de delitos tiene, o debe tener, varois componentes que necesitan claridad en el acta:

  1. El pago del daño o devolucion de lo afectado, llámese valor de lo hurtado, devolución de los bienes, pago de lo perdido, etc.
  2. El componente de reparación integral, que debe ser proporcional al daño causado a la víctima, la peligrosidad del delito y las circunstancias en que sucedieron los hechos, es decir, las circunstancias de agravación o atenuación punitivas.
  3. Si se trata de delitos querellables, el desistimiento expreso de la presunta víctima, que debe ser verificado de varias formas en el acta o video, dejando la constancia que la víctima ha desistido de la querella forma libre, voluntaria y sin apremios de ninguna clase.
  4. Si se trata de conciliación con miras a obtener beneficios como el principio de oportunidad, como refieren los articulos 321 y siguientes del código de procedimiento penal, la autorización clara, expresa, inequívoca de la víctima de aprobar la concesión del beneficio a favor del implicado.

FUNCION DE LA CONCILIACION FRENTE A DELITOS NO QUERELLABLES

Los delitos NO querellables, son también conocidos porque pueden seguirse de oficio o por denuncia de un tercero.

Como vimos anteriormente, existe la posibilidad de reparar a la víctima mediante el trámite de conciliación, para alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Que se otorgue al implicado una rebaja de pena.
  2. Obtener la aprobación de un principio de oportunidad
  3. Que el juez apruebe alguna clase de preacuerdo con el implicado.

Estas circunstancias deben ser evaluadas por el abodado de la defensa, porque, salvo la rebaja de pena, la aplicación del principio de oportunidad y de preacuerdos, es facultad del fiscal decidir si los otorga, pero corresponde al juez aprobarlos en caso de llegar a esta negociación.

No se pueden conciliar de ninguna forma los delitos que afectan al Estado, tampoco los que atañen a la seguridad pública, como el porte de armas de fuego, ni los delitos contra la administración pública.

No tiene sentido intentar una conciliación en delitos contra menores, como delitos contra la integridad sexual o violencia contra menores de 14 años. No sirve de nada, porque no aplica rebaja de pena.

Tampoco proceden preacuerdos ni principio de oportunidad en esa clase de acciones penales.

 

¿Dudas en materia de conciliación en materia penal? Alexander González y Abogados Asociados S.A.S. 310 222 4231

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Asi Salvó Javier su casa del embargo
Así fue como Javier salvó su casa del embargo

Así salvó Javier su casa del embargo

Javier se acogió a un proceso de insolvencia y consecuencia de ello, el banco no pudo seguir su trámite para rematar la casa, tuvo que permitirle un plan de pagos lógico y posible, igual que los demás acreedores.

¿Quien es Javier?

Javier, como muchos colombianos, es un trabajador  que estuvo 2 años desempleado, a causa de la disminución de personal del sector en el que trabajaba.

Aunque hoy en día Javier ya tiene empleo, los bancos lo tenían ahogado: embargado parte del sueldo, con una libranza encima y además la casa embargada porque las cuotas de no fueron pagadas a tiempo, el banco pide ahora el pago total y lo amenaza con rematar su casa.

¿Cómo fue que Javier se quitó de encima los bancos?

Javier inició un trámite de INSOLVENCIA de persona natural no comerciante, mediante el cual podia negociar con los bancos para pagarles, y así lo hizo.

Luego de varias negociaciones pudo javier obligar a los bancos para que le recibieran cuotas de $1.200.000 mensaules (en total), es decir, que al banco de la hipoteca le abona actualmente esa suma y cuando termine de pagarle, comienza a pagar a los otros bancos que les debe por tarjetas de crédito y créditos que le habían otorgado.

Además de eso, logramos para Javier un plazo muerto de un año, durante el cual no tuvo que pagar nada ni estar bajo el estrés y amenazas de los bancos.

¿Qué es el trámite de insolvencia?

El trámite de insolvencia de persona natural no comerciante es un procedimiento judicial reglado en el codigo general del proceso, mediante el cual una persona que se encuentra agobiada por las deudas, hace concurrir a sus acreedores con el fin de procurar una negociación colectiva, que en determinadas circunstancias los obliga a aceptar las propuestas que haga el deudor.

Costos del trámite de insolvencia

Aunque los costos del trámite de insolvencia, son relativamente altos (entre 5 y 15 millones de pesos) es también poco, si se compara con el patrimonio que se salva.

Alexander González y Abogados Asociados S.A.S. 310 222 42 31 – [email protected]

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