Abogado Alexander Gonzalez.
REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS: ¿PAGAR O PAGAR?

REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS- ¿PAGAR O PAGAR?
Ante el cobro de multas o sanciones por cobros tributarios injustos, no siempre la mejor opción es pagar.

REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS: ¿PAGAR O PAGAR?

QUE HACER ANTE UNA MULTA TRIBUTARIA O UN COBRO INJUSTO

Las entidades PUBLICAS que recaudan tributos, tasas, multas y contribuciones, normalmente lo deben hacer con sujeción al complejo Estatuto Tributario. Es por ello que deben tenerse presentes algunos elementos propios del derecho de defensa; comunmente poco se analiza este aspecto y se concluye que ante un requerimiento no hay mas remedio que pagar o pagar, cuando en realidad en muchas ocasiones es injusto el cobro. Veamos algunos aspectos que deben tenerse presentes ante un proceso tributario o de naturaleza tributaria:

DERECHO A LA DEFENSA

El derecho a la defensa y al debido proceso encierra muchos temas, todos ellos debe tenerlos presentes la administración en el momento de imponer las sanciones, pero son muchas las ocasiones donde omiten ese «detalle».

DEBIDA NOTIFICACIÓN

Las notificaciones que surtan las entidades que recaudan recursos públicos, deben realizarse de conformidad con lo establecido en el artículo 565 y siguientes del Estatuto Tributario, es decir: por correo físico. Si no se ha autorizado para recibir notificaciones por correo electrónico, las notificaciones no tienen validez, porque afectan la garantía del debido proceso.

ERROR EN LA BASE DE LIQUIDACIÓN

Son muchos los procesos donde las entidades asumen una base gravable errada, bien sea por el año sobre el cual se liquida o a veces por asumir desatinadamente la base, como en aquellas donde la norma indica que el contribuyente puede descontar las expensas necesarias y la administración no las tiene en cuenta.

ACTUACIONES DESLEALES

Igualmente son muchas las ocasiones en que la administración actúa de manera desleal con el contribuyente, con el fin de hacerle incurrir en error, solo para cobrarle la sanción por no presentar una información, por ejemplo. Actuaciones que van en contravía del artículo 209 Constitucional, que versa sobre las actuaciones de los funcionarios públicos.

VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE JUSTICIA TRIBUTARIA

Según este principio, al administrado no se le deben imponer cargas o pagos que no está obligado a realizar, son muchas también las ocasiones en las cuales las entidades imponen multas basadas en tarifas erradas o en hechos cuya base gravable o tarifa no es clara, para imponer al contribuyente una carga que no se encuentra obligado a llevar.

Para una mejor comprensión del punto en concreto, veamos lo que dispone el artículo 683 del Estatuto Tributario Nacional:

Artículo 683. ESPÍRITU DE JUSTICIALos funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que cumplir en relación con la liquidación y recaudo de los impuestos nacionales, deberán tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son servidores públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación.

Estos, entre otros muchos aspectos, son los que deben analizarse ante un requerimiento tributario, especialmente cuando se trata de atropellos como los que frecuentemente realizan las entidades, únicamente con el fin de recaudar recursos públicos.

¿QUE OPCIONES HAY?

Dependiendo de muchos factores (temporal, notificaciones efectuadas, estado del proceso, etc), pueden hacerse una o varias cosas, de manera independiente o conjunta:

  • RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
  • RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVOCATORIA DIRECTA
  • DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
  • RECURSO DE APELACIÓN
  • RECURSO DE QUEJA
  • RECURSO DE REPOSICIÓN
  • ACCIÓN DE TUTELA

Para determinar cual es el recurso aplicable en cada caso, debe estudiarse el proceso en cuestión, pero definitivamente, siempre puede haber solución, antes de aceptar cobros injustos, consulte un abogado que comprenda el derecho tributario y le pueda brindar una correcta y completa asesoría.

Por último, considere que si hay personas libres por errores de procedimiento, a pesar de haber cometido crímenes, ¿porqué no revisar el procedimiento aplicado a su proceso tributario?

 

Alexander González y Abogados Asociados S.A.S. Abogados en VIllavicencio 3102224231 – [email protected]

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REQUERIDO POR LA UGPP O LA DIAN
ABUSOS DE LA UGPP
REQUERIDO POR LA UGPP O LA DIAN
Abogados expertos le asesoran y representan. Procesos ante la unidad de gestión de parafiscales.

LOS REQUERIMIENTOS DE LA UGPP: ABUSO DE PODER

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES (UGPP), cuando redacta los requerimientos, liquidaciones y/o embargos, normalmente transgrede los derechos fundamentales de los ciudadanos.

DEBIDO PROCESO

Es usual que la UGPP, al momento de realizar los requerimientos de información o aquellos que hace para que el contribuyente declare o corrija, se basen en violaciones al debido proceso, circunstancia suficiente para exigir a la UGPP, que rehaga la actuación.

QUE CLASE DE AFECTACIONES AL DEBIDO PROCESO?

La UGPP cuando realiza sus liquidaciones tiende a cometer errores de notificación, igualmente desatienden el principio de favorabilidad y quebrantan el principio de legalidad.

Es común encontrar que los procesos que imponen multas multimillonarias a los ciudadanos, contengan errores en la base de liquidación, ya que, no es lo mismo recibir ingresos que tener utilidades. En muchos casos la UGPP calcula la base de cotización sobre los ingresos y no sobre las utilidades reales.

Otro error frecuente de la UGPP es, que no comprenden el concepto de presunción de ingresos, y en consecuencia atacan al ciudadano con todo el poder Estatal, ante el cual queda desarmado y desmoralizado.

¿QUE PUEDE HACER LA UGPP?

La UGPP, por disposición del Estatuto Tributario, cuenta con poder de fiscalización y facultades de cobro coactivo; una vez proferida y en firme la liquidación oficial, junto al mandamiento de pago o inclusive antes de expedirlo, puede ordenar:

  • Embargo de establecimientos de comercio

  • Embargo de vehículos y/o su inmovilización

  • Embargo de inmuebles

  • Embargo de cuentas bancarias y títulos valores depositados en bancos

QUEDARSE SIN CRÉDITO

Para los comerciantes, además de las afectaciones a sus bienes, una medida cautelar de la DIAN o de la UGPP es algo supremamente grave, porque una comunicación de embargo de cuentas puede dejarlos sin crédito bancario.

QUE NO SE DEBE HACER

Es común encontrar personas que ante el requerimiento de la DIAN, de la UGPP, o de cualquier deudor, proceden a poner sus bienes a nombre de hijos, familiares o amigos.

Esa no es una solución, porque no será dificil para el acreedor demostrar que se trata de negocios simulados. Además, puede traerle consecuencias en materia penal, por alzamiento u ocultamiento de bienes.

QUE SE PUEDE HACER

Dependiendo del caso concreto y particular, puede hacerse uso de todas herramientas legales diseñadas para defender al ciudadano del poder Estatal usado de manera injusta en su contra.

Cuando se está   en un proceso de la DIAN o de la UGPP, los embargos se pueden prevenir y hacer que los bienes queden protegidos con estrategias jurídicas adecuadas.

¿EN QUÉ MOMENTO DEBERÍA SOLICITAR ASESORÍA  Y DEFENSA JURÍDICO-TRIBUTARIA?

  • Cuando la UGPP le «invita a afiliarse al sistema».
  • Cuando le llega cualquier requerimiento.
  • Cuando se ha proferido la liquidación oficial.
  • Cuando ya tiene medidas cautelares o de embargos.
  • Cuando sabe de un mandamiento de pago en su contra.

¿QUE PUEDE HACER UN ABOGADO EXPERTO EN DERECHO TRIBUTARIO POR USTED?

  • Organizar adecuadamente las respuestas a la UGPP
  • Defenderle en los procesos ante la entidad
  • Demandar al Estado cuando se han violado sus derechos
  • Diseñar estrategias para que Usted pague menos parafiscales, de manera legal.
  • Diseñar estrategias para que Usted pague menos impuestos, legalmente.

¿Dudas? ¿Requerido por la UGPP? 3102224231 – ALEXANDER GONZÁLEZ – ABOGADO EN VILLAVICENCIO – DERECHO TRIBUTARIO, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL, ADMINISTRATIVO Y PENAL. [email protected]

 

FALSOS POSITIVOS: CAUSA DE INDEMNIZACION
FALSOS POSITIVOS: CAUSA DE INDEMNIZACIÓN
FALSOS POSITIVOS: CAUSA DE INDEMNIZACION
Los mal llamados «falsos positivos», son causa de indemnización, a la que pueden acceder los familiares de las víctimas.

FALSOS POSITIVOS: CAUSA DE INDEMNIZACIÓN

La repudiable práctica por parte del Estado, que tuvo sus orígenes a mediados del año 2000, de asesinar personas inocentes para hacerlas pasar por «bajas en combate», y justificar supuestos operativos, es una funesta historia para nuestro país.

Sin embargo la realidad existió y ya no se puede borrar y aunque las investigaciones penales aún se encuentren en curso, los familiares de las víctimas fallecidas de esta horrible forma, tienen derecho a ser indemnizadas por el Estado.

¿DE CUANTO PUEDE SER LA INDEMNIZACIÓN?

Varios factores inciden en el valor de esa posible indemnización, entre ellos la cantidad de hijos, pareja sentimental o espos@, la cantidad de familiares, la actividad de la víctima, etc. Pero un mínimo promedio puede ser de 200 millones de pesos, máximo hasta unos 2.000 millones de pesos.

¿COMO SE RECLAMA LA INDEMNIZACIÓN?

La indemnización se reclama vía demanda administrativa, contra el Estado, por permitir atentados contra la vida de personas inocentes, o por la misma negación del acceso a la justicia.

¿QUIENES TIENEN DERECHO A DEMANDAR?

Los familiares de la persona fallecida, como hijos, hermanos, padres, cuñados, etc. Igualmente el(la) compañer@ sentimental, y la familia civil y aquellos familiares de crianza.

¿Y SI YA RECIBI(MOS) INDEMNIZACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE VICTIMAS?

Existen dos posibilidades: 1) Que se descuente a las pretensiones de la demanda, en el momento del pago, la indemnización ya reconocida, y, 2) que se declare que esa es una indemnización de carácter administrativo.

¿QUÉ COSTOS TIENE PRESENTAR LA DEMANDA?

Hay tres opciones para contratar abogados: a) Que de los pagos que pueda recibir la familia de la víctima, se paguen los honorarios de los abogados. Se pacta un porcentaje del beneficio económico. b) que la demanda se haga pagando los honorarios de los abogados, independientemente del resultado y una tercera posibilidad es una mezcla de las dos: porcentaje y honorarios fijos.

¿CÓMO SE ANALIZA SI UN CASO ES VIABLE?

Se deben estudiar varias cosas:

  • Los documentos que existen sobre la ocurrencia del hecho.
  • Las circunstancias de reconocimiento o no como víctima.
  • El avance de las denuncias y/o demandas existentes, o que hayan existido.
  • Los documentos que acreditan que hubo una víctima.
  • Los documentos que acreditan el parentesco o familiaridad de quienes pretenden la demanda.

 

Si tiene dudas o requiere asesoría, no dude en contactarnos. Alexander González y Abogados Asociados S.A.S. 3102224231

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¿ES POSIBLE CONTRATAR PENSIONADOS PARA TRABAJAR?
¿ES POSIBLE CONTRATAR PENSIONADOS PARA TRABAJAR?
Cuando una empresa o persona quiere contratar un pensionado, no hay obstáculo para hacerlo. En términos prácticos, sólo se excluye el pago de pensión.

¿ES POSIBLE CONTRATAR PENSIONADOS PARA TRABAJAR?

Un cliente consulta si es posible contratar laboralmente a un trabajador que en su empresa ha sido pensionado. Indica también que el fondo de pensiones le exigió desvincular laboralmente al trabajador para poder reconocerle la pensión.

Este tema contiene varios aspectos que deben analizarse: 1) Derecho del pensionado a continuar trabajando; 2) La justa causa de despido del trabajador al cumplir la edad de pensión por jubilación; 3) Cómo contratar o vincular a un trabajador pensionado y establecer si los pensionados tienen los mismos derechos que los demás trabajadores;  4) Como funciona este concepto en el sector público.

  1. DERECHO DEL PENSIONADO A CONTINUAR TRABAJANDO

El trabajo es un deber y un derecho de TODA persona, sin distingo de ninguna clase, incluyendo la edad o las condiciones socioeconómicas que tenga individualmente. Es decir, que si una empresa o persona natural quiere brindar la oportunidad a otro de trabajar, ser pensionado no es un obstáculo. Al menos así puede comprenderse de la lectura del artículo 25 de la Constitución Política, que dice:

ARTICULO  25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Si se compagina este concepto con el establecido en el artículo 13 de la Carta, entenderemos que los pensionados tienen derecho a continuar laborando. Asunto diferente al trámite de reconocimiento pensional, en el cual los fondos de pensiones deberían ser prudentes y respetar el derecho al trabajo de los pensionados.

2. EL CUMPLIMIENTO DE LA EDAD COMO CAUSA DE RETIRO FORZOSO O DESPIDO CON JUSTA CAUSA

El artículo 62 del CST, determina en la causal 14, que el cumplimiento de la edad de pensión es causal de retiro, de la siguiente manera:

«14. El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa».

Sin embargo, este concepto debe armonizarse con el contenido de la sentencia C-1443 de 2000, que condicionó la expresión a que el trabajador esté de acuerdo en terminar la relación laboral, de la siguiente manera:

«(…) Es decir, que el empleador cuando el trabajador haya cumplido los requisitos para obtener su pensión, no puede dar por terminado el contrato de trabajo, en forma unilateral, por justa causa, si previamente al reconocimiento de la pensión de jubilación, omitió consultar al trabajador si deseaba hacer uso de la facultad prevista en el artículo 33, parágrafo 3, de la Ley 100 de 1993. Bajo cualquier otra interpretación, se declara inexequible».

Ahora bien, la norma a la que hace referencia la decisión de la Corte Constitucional, es la siguiente:

Ley 100, Artículo 33 (…) PARAGRAFO. 3º- Reglamentado por el Decreto Nacional 2245 de 2012. No obstante el requisito establecido en el numeral dos (2) de este artículo, cuando el trabajador lo estime conveniente, podrá seguir trabajando y cotizando durante 5 años más, ya sea para aumentar el monto de la pensión o para completar los requisitos si fuere el caso.

Esto nos lleva a concluir que las personas que cumplen edad de pensión y desean continuar laborando y cotizando, por ejemplo para mejorar pensión, pueden hacerlo, durante 5 años más. No necesariamente cumplir la edad de pensión es igual a que se le reconozca, mucho menos es causal de despido con justa causa. Igualmente, esta situación no puede confundirse con el derecho que tiene un pensionado de seguir laborando aún cuando se haya reconocido su pensión; tampoco quiere decir que pueden desconocerse sus derechos laborales.

Pero, también podríamos concluir, que si el trabajador hizo uso del derecho a continuar LABORANDO Y COTIZANDO durante 5 años más, al finalizar ese período, si habría lugar a la terminación unilateral del contrato de trabajo, con justa causa.

Además, resulta importante destacar que el decreto 2245 hace diferenciación entre los sectores público y privado, para determinar que en el sector público no se pueden recibir pensión y salario simultáneamente:

b) La administradora o la entidad que efectuó el reconocimiento de la pensión, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de recibo de la comunicación de que trata el literal anterior, deberá informar por escrito al empleador y al beneficiario de la pensión la fecha exacta de la inclusión en nómina general de pensionados, la cual deberá observar lo dispuesto en el literal anterior. El retiro quedará condicionado a la inclusión del trabajador en la nómina de pensionados. En todo caso, tratándose de los servidores públicos, salvo el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y las excepciones legales, no se podrá percibir simultáneamente salario y pensión.

El texto en negrilla también permite deducir, que la prohibición tiene sus excepciones, en las cuales una persona podría recibir simultáneamente hasta tres pensiones: invalidez, sobreviviente y jubilación, dependiendo el caso, pero es otro tema.

3. COMO CONTRATAR UN PENSIONADO; Y, ¿TIENEN LOS MISMOS DERECHOS QUE LOS DEMÁS TRABAJADORES?

En este sentido debe interpretarse la situación de acuerdo al caso concreto, que dependerá de la necesidad de la empresa y la voluntad del trabajador. Es decir si las partes quieren pactar un contrato laboral o uno de prestación de servicios.

Si la empresa requiere de los servicios del pensionado, de la misma forma en que había venido laborando es decir, como un empleado más, es sentir de este asesor, que de manera lógica se continúen brindando todas las prestaciones sociales, a excepción de la pensión, que ya fue reconocida.

Lo anterior, por cuanto de otra manera se estaría incurriendo en actos discriminatorios laborales, que podrían dar lugar a demandas contra el empleador, por desconocer los derechos esenciales de un trabajador, que por ser pensionado no pierde el derecho a vacaciones, cesantías, primas, compensación, etc. Esto de acuerdo con lo señalado en los artículos 13 y 53 de la Constitución, que dicen:

ARTICULO  13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Esto referente a la prohibición de establecer diferencias injustas contra personas que ostentan calidades, que inclusive les hacen sujetos vulnerables o de especial protección, como son las personas de la tercera edad. Es decir, que si se aspira a contratar un pensionado, lo mínimo que puede hacerse es reconocer todas sus prestaciones sociales, excepto pensión.

Este concepto puede armonizarse con lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución, que dispone:

ARTICULO  53. (…)  La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. (…)

Desconocer los derechos laborales de un trabajador, so pretexto de que ya se encuentra disfrutando de la pensión, puede ser un criterio errado, camino directo a demandas laborales.

Bajo esas premisas, puede deducirse que los pensionados tienen los mismos derechos que todos los trabajadores, y únicamente para efectos prácticos, se exime del pago de pensiones, al trabajador y a la empresa.

Ahora bien, si la empresa requiere un PRESTADOR de servicios, puede vincularlo mediante el contrato respectivo, y debería cuidarse de incurrir en los conceptos que para el caso advierte el artículo 23 del código sustantivo del trabajo, es decir: prestación personal del servicio, subordinación y salario. Si se ingresa en el conjunto de esos conceptos, automáticamente estamos en presencia de un contrato laboral, independientemente de la persona o del nombre que se le de al contrato.

¿Y LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO?

Aquí deben hacerse dos precisiones: a) La prohibición constitucional por la cual una persona no puede recibir dos emolumentos del tesoro público y b) La edad de retiro forzoso de los trabajadores.

a. PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE RECIBIR DOS MESADAS DEL TESORO PÚBLICO

De esta forma se prohibe a una persona recibir, por ejemplo, un salario proveniente del sector público, en cualquiera de sus niveles, y una pensión de jubilación. Es inconstitucional y prohibido. Es decir, que el  trabajador vinculado al sector público, que cumplió la edad de pensión por jubilación, no puede ser despedido por ese solo hecho. Los trabajadores del Estado también tienen derecho a no ser despedidos aunque hayan cumplido la edad de pensión por jubilación.

Por esta razón aparece el segundo punto que es la edad de retiro forzoso, que no implica prohibición al trabajador para desempeñarse como empleado del sector privado. Así las cosas, un pensionado del sector público, puede ser trabajador de una empresa privada.

b. EDAD DE RETIRO FORZOSO

Este concepto aplica UNICAMENTE para los trabajadores vinculados al sector público, llamense trabajadores oficiales o empleados públicos. Tiene como propoósitos renovar el personal vinculado al Estado y a su vez brindar oportunidades a las nuevas generaciones.

Pero, inclusive en el escenario de lo público, la edad de retiro forzoso no puede confundirse con el cumplimiento de la edad de jubilación,. Evidentemente, puede darse la edad de retiro forzoso y no tener derecho a pensión; o cumplirse la edad de jubilación sin haber completado el tiempo requerido por la ley. Sin embargo, la edad de retiro forzoso si obliga al Estado y al trabajador, a que sea desvinculado sin derecho a reintegro; el retiro forzoso, hoy a los 70 años, se da únicamente por menester de la ley.

Necesita asesoría en materia laboral? 3102224231 Alexander González y Abogados Asociados S.A.S. [email protected]

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